Rafael Salgueiro

El TTIP y el miedo a la libertad

Europa y EEUU negocian un acuerdo de libre comercio con un gran potencial transformador de las relaciones económicas entre ambas orillas del Atlántico

HACE unas semanas, el día 18 de abril, se produjeron algunas manifestaciones en ciudades españolas con pancartas -¡No al TTIP!- que quizá hayan llamado la atención de algún lector o se haya preguntado qué rayos es eso del "Día de acción global contra el TTIP". Si se ha acercado a los manifestantes le habrán explicado que es una negociación entre Europa y Estados Unidos, casi secreta (por eso usted no se había enterado) y destinada a facilitar la acción de las empresas multinacionales, desmontando los sistemas de relaciones laborales, protección social y prevención ambiental que disfrutamos en Europa. A mayor abundamiento, aumentará la capacidad de esas grandes empresas para impugnar y ser resarcidos por los actos de los estados que perjudiquen sus intereses. Además, se va a producir un debilitamiento de los servicios colectivos ahora públicos, ya que serán privatizados de forma generalizada. Ni que decir tiene que el uso de vegetales transgénicos se va a generalizar en Europa porque ya no se podrá impedir; que los productos culturales europeos se verán desbordados por una producción americana que sólo se orienta por el éxito en el mercado; y que la "nueva bicha", el fracking, no va a tener ningún tipo de limitación. Por supuesto, los perjudicados van a ser la clase operaria europea y también los países en desarrollo, definitivamente arrollados por el capitalismo imperialista que predijera Lenin en 1916, aunque haya que reconocer que el capitalismo de libre cambio esté tardando más de lo previsto en alcanzar su fase superior.

La perspectiva no puede ser más preocupante y será de agradecer que algunos activistas nos estén revelando una verdad que desconocíamos. ¡Qué hacen nuestros gobiernos que no nos tienen informados de tamaña amenaza! Bueno, en el caso español se comprende: no es capaz de informar bien ni de lo que hace bien, que no ha sido poco.

La realidad es muy otra. Aquellas siglas se refieren al "Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión" (ATCI en castellano) y se trata, en esencia, de remover los obstáculos que todavía existen en el comercio transatlántico, mucho más de carácter técnico que arancelario; de abrir este comercio a las compañías medianas, y de introducir una mayor y mejor seguridad jurídica que reduzca el riesgo regulatorio de las inversiones. En definitiva, avanzar en la integración comercial de dos economías que conjuntamente suponen casi el 50% del PIB mundial y el 30% del comercio mundial. Cada día se producen intercambios por valor de 2.000 millones de euros y las inversiones cruzadas se estima que han alcanzado ya un valor de 3,8 billones de euros. Para las empresas europeas -es decir, para Europa- la oportunidad es todavía más interesante que para Estados Unidos: es un mercado descomunal con una regulación común y con un solo idioma, difícilmente al alcance ahora de la mayor parte de las empresas europeas. Estados Unidos tiene una orientación hacia Asia de la que nosotros carecemos, o de cuyo nivel estamos muy lejanos, y no es un error tratar de compensar esa orientación estrechando sus relaciones comerciales con nosotros.

Por supuesto, el Acuerdo no entra en la forma de provisión de los servicios públicos y las normas ambientales o de seguridad alimentaria de la UE ya que, simplemente, no pueden ser objeto de una negociación de esta naturaleza. Y los norteamericanos, cuyas normas son más estrictas que las nuestras en algunos casos, tampoco las negociarían. Cosa diferente es la unificación de los procedimientos de verificación del cumplimiento de las normas o la aproximación de los caminos que cada parte sigue para alcanzar objetivos similares.

Una de las mayores críticas a la negociación es la falta de transparencia y de control democrático, ya que las negociaciones son secretas y las actas solo se liberarán dentro de bastantes años. Esto sólo puede ser llamativo para aquellos que no recuerden que las deliberaciones del consejo de gobierno de su propia autonomía son secretas y el esfuerzo que tuvo que hacer la Justicia para obtener las actas andaluzas.

Una negociación de este tipo no puede ser abierta, no es una mesa redonda ni un debate parlamentario, ni la posición de los negociadores puede estar sometida a un escrutinio público continuado. Tampoco las empresas que sean consultadas podrían expresarse libremente, porque es probable que tengan que manifestar posiciones o propósitos estratégicos que no deberían ser conocidas por sus competidores, o cuya revelación puede tener impacto en sus mercados actuales.

Además, se trata de una negociación de larguísimo alcance y con un gran potencial transformador de las relaciones económicas europeas y norteamericanas, pero cuyos efectos positivos no serán visibles de inmediato, al menos no de forma generalizada. El proceso se vería obstaculizado seriamente si se va revelando cada punto de la negociación y las posiciones negociadoras, ya que, inevitablemente, alguien sentiría que se va a ver perjudicado y trataría de influir para protegerse, reclamando quizá la acción de su gobierno. Como siempre sucede ante un cambio, los que se creen perjudicados se autoidentifican con facilidad y pueden actuar. Sin embargo, muchos de los posibles beneficiarios ni siquiera saben que podrían serlo.

Los comisarios europeos y su presidente son designados por gobiernos elegidos democráticamente y su acción está sometida al control de un parlamento elegido también democráticamente. La base de la democracia no es sólo el ejercicio del derecho al voto, sino también el depósito de confianza en los mandatarios, esperando que sepan atender y defender los intereses generales, y de una forma no miope sino con la perspectiva amplia asociada a todo puesto público de alto nivel. Y, en todo caso, el Acuerdo tendrá que ser aprobado por el Parlamento Europeo y refrendado por cada uno de los parlamentos nacionales. El refrendo será a la totalidad, sin posibilidad de enmiendas porque si no la negociación podría durar hasta el siglo XXII.

La transparencia entendida como la revelación sistemática de cada momento de la negociación convertiría la iniciativa en un simple mercadeo de influencias orientadas a proteger lo actual -lo que sea- o conseguir ventajas, en lugar de allanar obstáculos para construir el futuro. Casi nada es más evidente que el hecho de que la libertad de empresa -la libertad de invertir y comerciar- y la remoción de los obstáculos institucionalizados se traducen en desarrollo económico. Lo sucedido en el mundo en los últimos 20 años es la mejor prueba de ello, la lástima es que nuestros neocomunistas lo sean al modo soviético y no al modo chino.

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