LOS acuerdos y conclusiones de las reuniones que llevan a cabo los distintos órganos comunitarios durante los últimos 12 meses, desembocan en un ejercicio de interpretaciones, matices, desmentidos y declaraciones oficiales contradictorias -de los órganos políticos y económicos- que siembran aún mayor confusión entre los distintos agentes que tienen que tomar decisiones, poniendo de manifiesto que cuando las cosas van bien resulta irrelevante la gobernanza de las instituciones, pero cuando van mal se pone de manifiesto el pésimo diseño y la necesidad de reformas.

En la reunión de la madrugada de lunes y martes de los ministros de Economía de la Eurozona, varios acuerdos se han adoptado en relación con España. Algunos son positivos, otros una incógnita y claramente negativos en otros casos.

Respecto a los primeros, parece que se concede a España un plazo mayor para cumplir los objetivos de déficit. Está claro que en las actuales circunstancias este país no va a acabar este año con un déficit público del 5,3%. Con una tasa de crecimiento negativa, enormes dificultades para reducir el gasto público de las administraciones y unos ingresos tributarios muy inferiores a los previstos, las previsiones iniciales están siendo desbordadas. El Gobierno Central se va a ver obligado a elevar el IVA para aumentar la recaudación, aún a costa de deprimir más aún el consumo de las familias.

Un punto más para este año (6,3%), 4,5% para el próximo y un 2,8% para el año 2014 representa una reducción significativa de los objetivos de déficit. Esperemos que ésta sea la última revisión porque significará que, en el camino, España empieza a crecer y a generar superávit primario en las cuentas públicas, que permitiría parar el efecto bola de nieve sobre la deuda. No obstante, no puede olvidarse que el ajuste fiscal previsto para éste y el próximo año, el 80% es reducción del gasto y el resto incremento de ingresos. Esto significa que el ajuste se suaviza, pero el esfuerzo en términos de reducción del gasto sigue siendo muy elevado.

El primer tramo de ayuda de 30.000 millones es una buena noticia en sí, dada la urgencia de las ayudas a algunas cajas. Sin embargo, existe todavía una confusión acerca de su imputación o no como deuda pública. El comisario de Economía ha afirmado que es una ayuda directa a la banca, no al Estado. Pero si es el FROB quien recibe la ayuda, en teoría habría que computarla como deuda. El FROB es una institución del Estado. Otra opción es que sea el futuro MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) quien otorgue la ayuda. Pero hay que esperar a que esté en funcionamiento. Bruselas debe aclarar esto cuanto antes.

Otro asunto que llevará tiempo aclarar es la creación de un banco malo. Van a transcurrir meses hasta que se lleve a cabo otro test de resistencia y calcular qué activos deben salir de las entidades y pasar a ser gestionados por el nuevo banco.

Las noticias negativas son que la cuarta economía del euro se queda sin representante en el BCE y es sustituido por un país con la población de Granada. Tampoco parece que vayamos a tener representante -Belén Romana- en el MEDE.

La marca España -ahora que parece quiere relanzarse- y nuestra reputación, por los suelos.