EL pasado domingo, el Gobierno griego recibió conjuntamente de la Comisión, el BCE y el FMI el programa de reformas que tiene que llevar a cabo para continuar recibiendo financiación ¿Es realista el programa presentado?¿Puede la economía griega hacer frente, ahora y en el futuro, a las condiciones impuestas?

Algunas de las condiciones son asumibles; otras, no lo son. Entre las primeras, parece razonable que los griegos sigan en activo como un empleado medio en la UE, aunque hay diferencias entre países. En Francia, la edad efectiva de retiro es de 62 años, mientras que en Alemania está por encima de los 65. En España, de acuerdo con el calendario establecido en la última reforma, en 2020 nos retiraremos a los 67.

En el caso griego, la existencia de excepciones para determinadas profesiones consideradas duras o peligrosas, que permiten retirarse a los 52 años, ha sido aprovechada por muchos empleados que no trabajaban en esos sectores, a jubilarse, de manera efectiva, a esa edad. El documento de la troika exige el retiro a los 67 años a partir de este año y reforzar las medidas para evitar el fraude.

La reestructuración del IVA y su aplicación a distintos tipos de bienes ha sido rechazada por el Gobierno. Niveles del 23%, 13% y 6% para distintos tipos de bienes y servicios parece bien escalonado y los distintos bienes incluidos, también. El Gobierno ha rechazado el 23% para bares y hoteles, por temor a dañar el turismo, el sector más importante de la economía. Este rechazo parece razonable ante el riesgo de deteriorar el sector.

Hay otra exigencias que no comportan coste y sirven para fortalecer institucionalmente al estado griego, pero que tiene como inconveniente general atacar los intereses de grupos de poder, atajar el gran fraude fiscal y establecer autoridades independientes del Gobierno en materia fiscal y regulatoria. Esas reformas del Estado son imprescindibles si se desea modernizar el país. La Comisión ha manifestado en varias ocasiones su preocupación por la lentitud o inexistencia de esas reformas.

En otros casos, la supresión de deducciones fiscales o la elevación del tipo del impuesto de sociedades tienen como objetivo aumentar la recaudación fiscal y mejorar la progresividad de los impuestos directos. Tampoco debería el Gobierno griego poner obstáculos para que estas reformas se llevaran a cabo.

Hay, sin embargo, una condición que no es realista que se vaya a cumplir, por mucho que el Gobierno reforme. Se refiere a la exigencia de un superávit primario (superávit antes del pago de intereses de la deuda) escalonado en el 1%, 2%, 3% y 3,5% para los años que van del 2015 al 2018. Las estimaciones que se han realizado indican que reducir el gasto público sin contar los intereses de la deuda en esos niveles, provocaría una reducción del PIB de un 10%. Una economía que ya se ha contraído en una tercera parte durante la crisis, no puede soportarlo.

Esta última cuestión pone sobre la mesa un asunto clave: la quita y reducción de la deuda como mecanismo para hacer viable al país heleno. Ésta es la propuesta que el Gobierno envió ayer a la Comisión. Veremos durante los próximos días que curso toman los acontecimientos y la respuesta desde Bruselas y otras capitales.