CUANDO Mariano Rajoy, tras ser derrotado por Zapatero en las elecciones generales, tuvo que legitimarse como líder del Partido Popular (candidato lo había hecho Aznar a dedo), pasó por un congreso en el que, finalmente, no tuvo enfrente ninguna alternativa. Quedó elegido presidente de la organización.

Ese congreso se celebró en Valencia. A favor de Rajoy trabajaron a tope dos de los dirigentes más indiscutibles en sus respectivas comunidades: Javier Arenas, que seguía en la oposición en Andalucía, y Francisco Camps, que dominaba la Comunidad Valenciana de manera aplastante tras haber desguazado la herencia orgánica de su antecesor, y padrino, Eduardo Zaplana.

No sé si es esta deuda impagable la que explica por sí sola la actitud contemplativa con que Mariano Rajoy ha afrontado el persistente mal olor que la organización del PP valenciano viene emitiendo desde hace años. Olor a corrupción y a aprovechamiento. Todo presunto, naturalmente, y en manos de la Justicia, pero con indicios, sumarios y procesos suficientemente sólidos como para obligar a la asunción de responsabilidades políticas por parte de los implicados. No se ha producido.

Los tres casos de corrupción -presunta, insisto- afectan al gobierno valenciano, las diputaciones de Castellón y Alicante, alcaldes y cargos orgánicos del PP. Con Camps al frente, seis consejeros de su equipo, una decena de alcaldes o ex alcaldes... y ni una sola dimisión. Solamente el antiguo secretario general del PP de la región, Ricardo Costa, fue suspendido de militancia durante un año, que se redujeron a diez meses.

El contraste es con Madrid, donde el PP ha reaccionado con firmeza ante situaciones semejantes. Incluso ante un mismo sumario (caso Gürtel) en el que andan envueltos también algunos de sus compañeros valencianos, el PP madrileño forzó la dimisión de cuatro alcaldes, un consejero autonómico y tres diputados. Precisamente la presidenta de este PP partidario de las responsabilidades políticas aun antes de las sentencias es Esperanza Aguirre, la persona que amagó con disputar la presidencia a Rajoy en el citado congreso de Valencia y no pudo por falta de apoyos internos.

En este aspecto Aguirre ha sido más consecuente y rigurosa que Rajoy. Dos actitudes bien diferentes. La pasividad de Mariano Rajoy sólo tiene un argumento a su favor, pero es un argumento desgraciado y cínico: que los valencianos continúan respaldando de manera abrumadora al leal Camps a pesar de los pesares. Es decir, que la sociedad parece inmune al mal olor que desprenden sus gobernantes, y puesto que la sociedad es inmune, el que quiere ser presidente del Gobierno ha declarado impunes a sus amigos.