CADA uno es libre de gobernar su casa como mejor le plazca siempre que no afecte a la de los demás. Ése es un principio fundamental de la convivencia humana, pero en el caso del Betis de la contemporaneidad cae por su propio peso desde el mismo momento en el que los que se autodenominan amos están desligitimados en la actualidad por diferentes sentencias judiciales.

Mientras los recursos no vayan dilucidándose, y eso parece que no se va a resolver de un día para otro, cualquier decisión que mane del actual consejo de administración, o del anterior, que ya no se sabe quién es quién en esta historia de Manuel Ruiz de Lopera, Luis Oliver, Pepe León, Jaime Rodríguez-Sacristán y demás, se acerca cuando menos a la indignidad.

Es verdad que el Betis no puede estar desgobernado durante tanto tiempo, que debe ir dando pasos en la parcela deportiva para poder competir, pero afrontar un referéndum tan trascendental como darle el nombre a un estadio entra, cuando menos, en el terreno de lo temerario. Y da igual que quienes han pergeñado esta farsa hayan pensado en las ventajas que le pueden generar con vistas a las tramas judiciales que aún están abiertas, la realidad es que el Betis no debería sufrir más afrentas de este tipo.

Pero qué le queda al bético de base. Muy sencillo, adoptar una postura de pasotismo absoluto ante este nuevo agravio y no acudir a votar al recinto heliopolitano. Tal vez se haya echado en falta una dura campaña en este sentido por parte de quienes luchan por devolver al Betis a los béticos, que han opinado individualmente por encima de lo colectivo, pero el Betis, el bético, no debería, y ayer ya lo hizo, prestarse a ese engaño por parte de quienes no están legitimados. Ni por los jueces, ni por ellos, ni por nadie.