EL Gobierno andaluz ha iniciado el segundo año de su mandato desvelando la agenda social de la que presumió desde su formación. Después de un primer ejercicio marcado por las medidas de ajuste y control del déficit, el bipartito PSOE-IU está intentando subrayar su condición de izquierdas. El decreto sobre vivienda, centrado en medidas para frenar los desahucios tal vez más llamativas que efectivas, ha sido capitalizado por Izquierda Unida a nivel nacional, al estar controlada por la coalición la consejería correspondiente. Sólo unos días más tarde ha sido la consejera de Presidencia, socialista, la que ha anunciado una nueva iniciativa de carácter social: un próximo decreto que garantizará tres comidas al día a los escolares de familias más necesitadas (desayuno, almuerzo y merienda). En realidad, se trata de una ampliación del sistema de bonificaciones ya establecido por la Consejería de Educación que permite a la mitad de los niños andaluces que comen a diario en los centros educativos de la comunidad autónoma hacerlo gratuitamente. El propósito de la Junta es que esta medida se materialice a través de los colegios, como hasta ahora -aunque un alto porcentaje de centros carece de comedores- y también con la colaboración de diversas ONG. La comida gratuita formará parte de un plan de lucha contra la exclusión social que prevé la creación de empleo a través de contrataciones municipales. En todo caso, las cifras que maneja el Gobierno autonómico son realmente modestas, a tono con el estado de las finanzas públicas, lo que da pie a pensar que se trata más de un gesto político que de un programa integral contra la pobreza. Bienvenidas sean, pues, estas medidas de carácter social que ayudarán a aliviar la situación de numerosas familias andaluzas. No deja de ser llamativo que sea el PSOE-A, que lleva treinta años gobernando Andalucía, el que exprese su inquietud por las elevadas tasas de pobreza que sufre esta comunidad.