CON la mayoría de los países de Europa y Norteamérica en recesión o con moderado crecimiento se ha desatado una polémica acerca de los límites de las políticas fiscales contractivas para reducir el déficit público y lograr estabilizar la relación entre deuda pública y Producto Interior Bruto (PIB).

Los organismos internacionales con sede en EEUU y Europa, la Comisión Europea e instituciones de investigación sostienen, desde el inicio de la crisis, que la consolidación fiscal es imprescindible para conseguir los objetivos de reducción del déficit y estabilización de la deuda.

Ahora bien, la consecución de esos objetivos va a depender no sólo del nivel de incremento de los impuestos y de reducción del gasto público, sino también del valor del multiplicador fiscal. Cuanto menor sea el valor del multiplicador, tanto menor será el coste de la consolidación fiscal.

Un valor menor que uno implicará que por cada unidad que se reduzca el déficit público, la reducción del PIB será menor que la unidad. En consecuencia, se reducirá la ratio déficit público con relación al PIB.

La persistencia de la crisis y los resultados mixtos obtenidos en la consolidación fiscal han hecho preguntarse a los expertos y a los propios organismos internacionales sobre la eficacia de las políticas fiscales contractivas para cumplir los objetivos de déficit. Especialmente, varios países europeos están implementando duras medidas de ajuste fiscal consiguiendo unos resultados muy pobres en términos de reducción del déficit. En particular, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desveló en el World Economic Outlook de octubre, que el valor del multiplicador fiscal durante la crisis se había elevado a un valor entre 0,9 y 1,7, dependiendo de los países considerados.

Esos valores tan elevados contrastan con los que se suponía debería tener, en torno a 0,5. Ese valor de 0,5 es el resultado de la media del multiplicador durante los últimos 30 años y los distintos gobiernos occidentales lo han asumido implícitamente para llevar a cabo sus programas de consolidación fiscal.

Sin embargo, diversos trabajos han demostrado que el valor del multiplicador no es constante en el tiempo y es afectado por diversos factores. Primero, con los tipos próximos a cero, la política monetaria no puede compensar los efectos negativos de la consolidación fiscal, aumentando el valor del multiplicador. Segundo, el mal funcionamiento del sistema financiero provoca que tanto el consumo como la inversión dependan más de la renta y los beneficios presentes de familias y empresas que de los futuros, aumentando también su valor. Y tercero, será también mayor cuanto mayor sea la capacidad de producción ociosa en la economía, como sucede en la actualidad.

No haber tenido en cuenta los factores señalados total o parcialmente ha dado lugar a errores de previsión sobre el efecto de las políticas fiscales. En particular, se han subestimado los efectos de la reducción del gasto público sobre la actividad económica. En segundo lugar, y lo que es muy importante, se ha subestimado aún más la reducción del consumo y la inversión privada, asociada a la contracción fiscal y, en último término, el incremento del desempleo derivado de esta situación.

Las reacciones de académicos y de la prensa financiera ante la constatación del elevado valor del multiplicador ha derivado en una puesta en tela de juicio de las actuales políticas fiscales, a saber: si el multiplicador es tan elevado, las políticas fiscales contractivas empeoran -en lugar de mejorar- la situación fiscal de los gobiernos, generando además una contracción de la actividad aún mayor. En consecuencia, habría que revisar las actuales políticas fiscales contractivas.

Esta reacción ha dado lugar, a su vez, a una respuesta por parte del economista-jefe del FMI, Olivier Blanchard, que hace sólo unos días publicó una revisión de los cálculos sobre el valor del multiplicador. Sus conclusiones apuntan a que su valor fue elevado en los primeros años de la crisis y que en los últimos dos años se ha reducido. Esta reducción se ha debido, en parte, a la influencia de los propios factores que explican su reducción -por ejemplo, una cierta relación de las restricciones financieras de las familias y empresas- y, en parte, a que los propios gobiernos han ido aprendiendo de los efectos de la política fiscal durante la crisis.

Las conclusiones, advierte Blanchard, hay que tomarlas con cautela porque el valor del multiplicador varía entre países y en el transcurso tiempo.

En todo caso, las voces críticas contra las actuales políticas fiscales restrictivas que han reclamado una revisión y relajación de las mismas deberían tener en cuenta otras consideraciones. Los efectos que sobre la actividad deparan, en el corto plazo, las políticas fiscales no son las únicas que hay que tener en cuenta para valorarlas. En particular, no debe extraerse la conclusión de que las políticas de consolidación fiscal sean indeseables. La mayoría de los países de la OCDE presentan unas cargas de deuda pública con relación al PIB muy elevadas; de hecho, las más elevadas en tiempos de paz durante el último siglo.

Además, los cambios demográficos asociados al envejecimiento de la población están ya presentando unos retos formidables para los sistemas de seguridad social que no pueden ignorarse.

En conjunto, los últimos avances realizados deberían permitir una mejor calibración de los efectos de las políticas de los gobiernos, en particular, dentro de la Eurozona. Esa mejor calibración debería producir efectos menos dañinos para la actividad a corto plazo, pero sin abandonar la necesidad de llevar a cabo ajustes estructurales que tienen un reflejo en las cuentas públicas.