HABRÁ que cotizar cinco años más para tener derecho a una pensión, se endurecen las condiciones para acceder a la subvención de 426 euros y se estrecha de 100 a 30 días el margen de rechazo a las ofertas formativas del Gobierno. Son algunas de las reformas laborales que en estos días se tramitan en las Cortes y que tienen como común denominador el adelgazamiento del Estado del bienestar. También se reducen las bajas laborales, parece que por miedo a verse afectado por los ajustes de plantilla, y entre los parados cada vez es menor la resistencia a cambiar de sector e incluso de profesión con el fin de encontrar empleo. Medidas y actitudes que reflejan la necesidad de adaptarse a una nueva realidad marcada por los más de cuatro millones y medio de parados.

Han pasado trece años desde que Rafael Termes dictase una magistral conferencia, con el mismo título que este escrito, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Desde su particular y discutible perspectiva ideológica, pero también con la clarividencia que derrochaba en sus intervenciones, anticipaba en una década la quiebra del Estado del bienestar por tres razones principales: la corrupción y la inconsistencia ética del entramado político que nos gobernaba; el igualitarismo y el exceso de protección social que desincentivan el esfuerzo y la iniciativa, influyendo negativamente sobre la productividad y la competitividad; y la inconsistencia económica de un sistema púbico de Seguridad Social abocado a la quiebra por la irracionalidad del sistema de pensiones y por la insostenibilidad del modelo de cobertura del desempleo en una coyuntura de crisis. En sus conclusiones defendía que la transición desde el Estado del bienestar a la sociedad del bienestar sería inevitable, un proceso que, en su opinión, debería basarse en la reducción del papel y del tamaño del Estado, incluida la seguridad social, el rearme ético y moral de la sociedad y, sobre todo, el desarrollo de instituciones civiles independientes del poder político.

Como se puede apreciar, un planteamiento cargado de ideología, pero habrá que reconocer que también bastante preciso en sus pronósticos. La idea del bienestar se asocia a la satisfacción de las necesidades materiales y no materiales de la población, por lo que desde un punto de vista político se vincula a la igualdad y la justicia social. Para unos, el Estado debe garantizar unos mínimos, sin interferir en la asignación eficiente de los recursos y, sobre todo, sin obstaculizar el desarrollo de las capacidades individuales. Para otros, no puede haber justicia social sin igualdad de oportunidades y esto justifica la función redistributiva del Estado en beneficio de los que menos tienen. Entre ambas, muchas opciones intermedias, pero lo fundamental es que la opción ganadora es la que deciden los votantes. Lo más chocante es que el adelgazamiento del Estado del bienestar vaticinado por Termes lo está llevando a cabo un Gobierno que, también obligado a adaptarse a los tiempos, consiguió el apoyo de los votantes con un programa que apostaba justamente por lo contrario.