ES más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que la oposición, a pesar de ser mayoritaria, meta una proposición de ley por alguno de los dos grandes portones de la antigua capilla del Hospital de las Cinco Llagas. El Gobierno, con su veto; el presidente del Parlamento, con su avieso tancredismo, y el PSOE y Ciudadanos, con sus amoríos de oscuros callejones, impiden que las proposiciones de ley de la oposición puedan ser discutidas en Pleno. No ya que se aprueben, sino que simplemente puedan ser discutidas y votadas. Y no; ni tienen la razón jurídica ni la política, como ya les ha hecho ver el letrado mayor del Parlamento, quien ha ido un paso más allá y ha señalado las posibles responsabilidades jurídicas y personales de quienes están permitiendo la dilación.

Lo que apena, sin embargo, es la insultante ignorancia que sobre el parlamentarismo gastan sus señorías. La iniciativa legislativa, la maquinaria que pone en marcha un proyecto, corresponde tanto al Gobierno como a cualquier grupo político, sin más límites que aquellas proposiciones que alteren el Presupuesto. Es lógico, un Parlamento que aprueba el Presupuesto no puede alterarlo en su curso; no al menos sin el consentimiento del Gobierno. Esto, que se recoge en todos los estatutos autonómicos y en el artículo 84 de la Constitución como norma general, ha sido leído como la capacidad de veto del Gobierno andaluz para las proposiciones de ley que afecten al Presupuesto en vigor y que les condicione el siguiente. Un absurdo. Si el Ejecutivo pudiera impedir la discusión de medidas legales que le obligasen en un futuro, no encontrarán ninguna razón para que exista el Parlamento: la Cámara sólo podría sancionar o rechazar las leyes que le llegaran hechas, ni siquiera podrían enmendarlas.

Esto ni siquiera debería ser objeto de discusión, las proposiciones que en la actualidad han presentado PP y Podemos -dos, sobre rebajas de impuestos, y una más sobre transparencia en la Administración- tendrían que haber pasado al Pleno, y allí sí, allí podrían haber sido tumbadas con los votos del PSOE, Ciudadanos y puede, incluso, que IU y Podemos en el caso de los recortes fiscales. ¿Por qué, entonces, el presidente del Parlamento opera así, aun a riesgo de cometer ilegalidad tal como le ha advertido el letrado? Porque no se quieren retratar en la votación y porque a Ciudadanos les costaría explicar por qué vota en contra de una rebaja de impuestos que va de la mano del PP. ¿Sólo esto? Sí, el atropello es así de banal.