EL Gobierno de la nación ha anunciado la convocatoria próxima de la comisión mixta Estado-Junta de Andalucía para intentar resolver el conflicto de competencias abierto por el Ejecutivo autonómico con su decreto de blindaje de las competencias de los ayuntamientos. El contexto de esta iniciativa parte de la ley de reforma local que, por iniciativa del Gobierno, entró en vigor en enero pasado, y que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por la comunidad autónoma andaluza y otras seis comunidades, algunas gobernadas por el Partido Popular. A la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal, que zanjará definitivamente la cuestión, la Junta ha estimado necesario aprobar un decreto ley que blinda un total de 28 competencias de los ayuntamientos recogidas en la ley regional de autonomía local. Si bien el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido que la ley estatal no entra en la delimitación de las competencias locales y, por tanto, no existe conflicto de fondo, el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, insiste en que para evitar disfunciones y duplicidades es necesario preservar la autonomía de los municipios, blindando el reparto de poderes que estableció la legislación autonómica. Hay otro objetivo declarado en la decisión de la Junta: evitar que, al amparo de la normativa estatal, algunas corporaciones locales se deshagan de competencias a las que están obligados, como ha ocurrido con los ayuntamientos de Sevilla y Jaén y la Diputación de Granada, que han dejado de prestar servicios que habían conveniado con el Gobierno andaluz. En definitiva, se plantea un nuevo conflicto entre las administraciones central y autonómica, que no abandonan su política de recursos y enfrentamientos. No obstante, el Ministerio mantiene firmemente que en este caso se trata de un conflicto artificioso porque los ámbitos de las dos legislaciones son compatibles. Es algo que tendrá que demostrar en la prometida reunión de la comisión mixta que articula la cooperación entre las dos instancias de poder ejecutivo. En todo caso, sería deseable que la reunión se desarrolle con espíritu de colaboración y lealtad entre ambas partes, sin que ninguna de ellas se escude en razones partidistas para no encontrar una salida racional al conflicto. Y necesario, además, que los puntos de vista que se manifiesten sean expresivos sólo de una voluntad compartida de lograr el mejor servicio a los ciudadanos. Los andaluces están más interesados en que los gobernantes les ayuden a resolver sus problemas cotidianos que en cualquier decisión sobre quién tiene las competencias. Algo que importa sobre todo a quienes las ejercen o buscan ejercerlas.