PROBABLEMENTE, si la propuesta del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, sobre los contratos "adecuados para jóvenes" menores de 30 años -temporales, con sueldo bajo, sin coste de despido ni cotizaciones, ni derecho a prestaciones por desempleo- prospera, no sé si el paro en España dejaría de galopar camino del 20% de la población activa. Pero estoy seguro de que el índice de natalidad caería en picado aunque el Gobierno aumentara el cheque-bebé por encima de los 2.500 euros. Con estas perspectivas laborales planteadas por el líder de la patronal española, la paternidad/maternidad bien entendida, en el mejor de los casos, sería una aventura, y, en el peor, una irresponsabilidad. Aunque bien visto, a lo mejor Díaz Ferrán está buscando, con esta ocurrencia, dar cobijo legal a los inmigrantes sin papeles menores de 30 años. A ser posible, subsaharianos fuertes, dóciles y, eso sí, con capacidad de aprendizaje.

Con todo, esta propuesta está muy de lejos de las reflexiones de Fernando Suárez, catedrático de Derecho Laboral y último ministro de Trabajo con Franco, que, con la brillantez parlamentaria y la solvencia que siempre le acompañaron ya en Alianza Popular, pronosticó hace muchos años que "el trabajo es un bien escaso que hay que repartir". Tanto reparto no lo entendería ni él, ni sus jóvenes conmilitones que, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, defendieron ayer en el Senado, dentro de un acuerdo conjunto con el resto de las fuerzas políticas, que "el trabajador joven debe ser una prioridad de los poderes públicos y de los interlocutores sociales y para ello la formación y cualificación profesional cobra protagonismo". "La educación, en una férrea lucha contra el fracaso escolar, y el acceso a la vivienda, para incorporarla como un valor para la movilidad geográfica, son, según todos los expertos, dos políticas transversales necesarias para que hombres y mujeres jóvenes se incorporen más rápidamente y en mejores condiciones al trabajo, a la vida laboral", suscribieron los populares sin complejos. Y se apuntaron incluso a la conciliación de la vida familiar y laboral para no dejar ningún género de duda.

Afortunadamente, hasta la CEOE, a punto de sentarse con los sindicatos para intentar cerrar una reforma laboral no más allá del mes de abril, tuvo que desmarcarse de la propuesta de su líder de establecer un contrato basura para la chavalería.

Con este preámbulo, que sin duda pesará en la mesa de diálogo social, la segunda ronda de conversaciones que la comisión anticrisis gubernamental inició ayer con los representantes del PP, CiU, PNV, ERC y Nafarroa-Bai parecía abocada al fracaso. Sin embargo, dentro del diálogo de besugos que ha marcado las conversaciones entre socialistas y populares en asuntos de Estado, hubo algún avance a pesar de las diferencias que el Gobierno y los populares mantienen en materia impositiva (CiU rechaza también la subida del IVA en junio).

Aunque el portavoz popular, Cristóbal Montoro, calificó las coincidencias con el Ejecutivo y el resto de grupos sondeados de "asuntos menores", no es moco de pavo que, de entrada, la reducción del IVA para la rehabilitación de edificios, la ley de morosidad y la nueva línea del ICO hayan servido para allanar unas conversaciones vitales para sacar al país de una crisis que, en carne y hueso, afecta a 4,5 millones de españoles.