EL déficit acumulado las por comunidades autónomas durante el primer cuatrimestre de 2011 puede poner en peligro el objetivo de consolidación presupuestaria para este año y dilapidar el extraordinario esfuerzo realizado en materia de reputación financiera. En el caso de las autonomías, el montante a finales de abril se aproximaba a los 5.000 millones y, si no hay cambios de aquí a final de año, la cifra podría elevarse el triple del objetivo del 1,3% del PIB, imposibilitando el cumplimiento de los compromisos del Gobierno. Los datos del subsector Estado, es decir de la Administración central, eran más esperanzadores. El déficit al finalizar abril ascendía a 2.450 millones, lo que supone una reducción superior al 50% con respecto a 2010, pero lo más interesante de todo es que es el resultado de un fuerte descenso en la recaudación fiscal (8,6%) y otro todavía mayor en el gasto (12,9%).

La combinación es sugerente porque el ajuste en el gasto podría interpretarse como consecuencia de un esfuerzo de austeridad, mientras que la caída de los ingresos fiscales podría ser el reflejo de la reducción de la fiscalidad sobre el consumo y la inversión con el fin de frenar su caída. Lamentablemente, la explicación es mucho más simple y la caída del gasto no se debe a la reducción del tamaño del aparato burocrático e institucional, sino de la inversión y los gastos operativos.

Con los ingresos ocurre algo parecido y el descenso se explica por la fuerte caída de los beneficios empresariales y la consiguiente recaudación del impuesto de sociedades, así como de los impuestos especiales. La recaudación por IVA, en cambio, aumenta en un 12% como consecuencia de la subida de tipos practicada a mediados del pasado año, pero el aumento del 2,5% en la del IRPF en un año de crecimiento negativo y récord de desempleo no puede ser más que la consecuencia del aumento de tarifas y de la desaparición de desgravaciones, lo que significa mayor presión fiscal en las dos figuras tributarias principales.

La OCDE no deja de ser optimista en relación con el cumplimiento de los compromisos fiscales, pero advierte de la necesidad de precisar las partidas que van a soportar los recortes en 2012 y las presiones apuntan claramente a comunidades autónomas y ayuntamientos. La Vicepresidenta Salgado atribuye los excesos de las comunidades a la particularidad del primer trimestre presupuestario, pero nadie se fía de los estados financieros que van a encontrar los nuevos administradores cuando se enfrenten al déficit real y no al que computa a los efectos del protocolo comunitario de déficit excesivo. Otro factor de riesgo son las elecciones del próximo año y la sospecha de que algunas partidas del presupuesto están fuertemente influidas por los ciclos electorales. Como es sabido, existe la sospecha fundada de que en periodos electorales aumenta el gasto público y se relaja la vigilancia fiscal. La mayoría de los académicos rechazan esta hipótesis cuando se trabaja con datos presupuestarios agregados, pero el debate sigue abierto en torno a la rentabilidad electoral de la manipulación de algunas partidas presupuestarias concretas.