LAS maniobras de los dirigentes de PSOE e IU para hacer ver que harán huelga el próximo miércoles, y por ello paralizan la actividad del Parlamento andaluz y de la Diputación de Sevilla, son una perversión de las responsabilidades conferidas por el pueblo. Pura ficción para mantener estrechados los lazos con UGT y CCOO. Quienes presiden las instituciones del Estado (y Estado es tanto la Diputación como una consejería de la Junta) no pueden hacer huelga. Como no lo secunda el director de un hospital, o el presidente del Tribunal Supremo, o el director de un colegio. Su misión está por encima de su opinión personal.

El proselitismo huelguista de Valderas y Villalobos es un esperpento que acrecienta a ojos de los europeos la percepción de que España va a la deriva y es un desgobierno donde sus clases dirigentes se dedican a jugar frívolamente encima del barril de pólvora. Imagínense el próximo miércoles a los altos cargos de la Comisión Europea llamando por teléfono a Sevilla, para hablar con los primeros espadas de Junta o Diputación sobre temas de su competencia, y que les den como respuesta que nuestras excelentísimas autoridades están de huelga.

Para enfrentarse a la demoledora reforma laboral tienen la mejor baza posible: gobernar. Y, en paralelo, sus partidos tienen toda la legitimidad para promover debates, mociones, recogida de firmas, manifestaciones y otras acciones de política en la calle. Pero nunca vaciando de actividad las instituciones donde se representa a todos los ciudadanos. A los que legítimamente hacen huelga y a los que con la misma legitimidad optan por trabajar. Ninguna democracia sobrevive cuando da igual que gobernantes y parlamentarios trabajen o no.

Con su impostura devalúan la importancia y la necesidad del poder autonómico y del provincial. Van a conseguir el efecto contrario: dar la sensación de que el único poder imprescindible y transformador de la realidad, para bien o para mal, es el de la Administración central.