LOS nuevos casos de corrupción conocidos las últimas semanas intensifican la desconfianza de los españoles en los políticos y en las instituciones públicas, pero la intensidad y extensión de la corrupción en España no es consecuencia de que los españoles tengamos un gen corrupto más desarrollado que en otros países democráticos, sino de unas instituciones (normas, administraciones y otras instituciones derivadas de las normas, sistemas de control público, valores sociales) que la permiten o incentivan más que en otros países. Por tanto, la solución al problema vendrá por la reforma de las instituciones más que por perseguir la posible maldad humana, aunque no por ello exima de responsabilidad penal a los corruptos.

Hay una creciente coincidencia en identificar el principal problema institucional de España con la degeneración de la democracia en partidocracia, en la que los representantes públicos no se deben a sus electores, sino a las cúpulas de los partidos que los han colocado en las listas electorales, que a cambio les exige absoluta fidelidad a los intereses de los partidos, aunque disientan de sus propias convicciones, de los intereses generales del país o de las promesas electorales. Esos mismos intereses de los partidos políticos son los que propiciaron un desmesurado aumento del número de políticos en activo, para lo que el desarrollo del Estado de las autonomías les dio soporte a numerosos cargos de representación, puestos en las administraciones públicas y en otras entidades de diversa naturaleza (empresas públicas, consejos, fundaciones, órganos reguladores). También los propios miembros de los partidos políticos y otros allegados han ocupado el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, los consejos televisivos, los órganos de dirección de las cajas de ahorro, e incluso los órganos de control externo de las administraciones públicas y de los propios partidos políticos, con el resultado por todos conocidos.

Este estado de cosas ha eclosionado en los últimos años en la desafección de los ciudadanos hacia los partidos políticos y las instituciones públicas en general, lo que sumado a los estragos de la crisis está creando un caldo de cultivo para que el malestar se encarne en populismos de distintos signos. Pero la inmensa mayoría de los españoles es consecuentemente democrática y no espera que salvadores de la patria nos rescaten de la corrupción, sino mejorar la democracia, hacerla más inclusiva. Ésta es la base compartida del número creciente de ciudadanos y de instituciones de la sociedad civil que reclaman una regeneración democrática. Una reclamación que está adquiriendo tal fuerza que los partidos políticos, que hasta hace poco desconfiaban de su enunciado, han terminado por incorporarla a sus discursos. Pero se invoca una regeneración democrática desvirtuada, funcional a los intereses partidistas o como arma arrojadiza. Así, el Partido Popular ha justificado su propuesta de elección de alcalde al cabeza de la lista más votado como un ejercicio de regeneración democrática, cuando es obvio de que la motivación es evitar la pérdida de muchas alcaldías en caso de mantenerse el actual sistema electoral. También el Gobierno le ha propuesto al Partido Socialista pactar otras iniciativas regeneradoras (como la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o la reforma del reglamento del Congreso), pero desde el PSOE responden que están "muy lejos" de entenderse con el PP en materias relativas a la regeneración democrática, le dan cabida en su ejecutiva a una nueva Secretaria de Regeneración Democrática, y su nuevo líder, Pedro Sánchez, ha desgranado algunas propuestas, como obligar a todos los partidos a celebrar primarias abiertas, fusionar en una sola norma la ley de partidos y la que regula su financiación, vincular las subvenciones públicas al grado de democracia interna de cada partido o prohibir las donaciones de empresas tanto a los partidos como a sus fundaciones. Reformas menores, que no van a la raíz de los problemas de degeneración democrática, que se encuentran en el poder omnímodo de los aparatos de los partidos políticos y su ocupación de todo lo público.

La desafección de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y los políticos es un problema grave para el futuro del país. La recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos requiere que los puedan elegir directamente y que los políticos rindan cuenta individualmente, lo que requiere un nuevo sistema electoral. Además, se necesita una ley que regule el funcionamiento democrático de los partidos, que la transparencia se extienda a todo lo público, y que el control externo de las administraciones públicas, de los propios partidos y de otras entidades que se financien con recursos públicos público se realice por órganos independientes y profesionales.