EN la agenda de invierno la financiación a las pequeñas y medianas empresas tiene un papel principal. No hacen falta muchos datos para poner en evidencia las dificultades de las empresas, pero algunos de los que tenemos son tremendos. La última encuesta del Consejo Superior de Cámaras de Comercio dice que un 84% de las pymes han tenido este año problemas en el acceso a la financiación externa, y un 16% no han conseguido ninguna financiación. El volumen concedido se ha reducido para un 40% de empresas, y el coste ha aumentado, aunque esto es menos significativo pues los tipos de interés siguen siendo relativamente bajos en relación a otros costes de producción. Lo que sí es preocupante son las quejas por retrasos en el plazo de respuesta de las entidades financieras.

Las necesidades de financiación, por otra parte, aumentan. El 85% de las pymes ha necesitado financiar circulante, y más del 90% han sufrido retrasos en el pago de clientes; el 59% por parte de las administraciones públicas, principalmente la local.

Las entidades financieras tienen, en teoría, interés en prestar; sin embargo esto no es así en las circunstancias actuales. Al deteriorarse los activos en los balances, las entidades han de efectuar provisiones que reducen sus beneficios, encuentran problemas para capitalizarse y financiarse, con lo que pierden capacidad para prestar. Para sanear los activos invierten en deuda pública y activos sin riesgo y mantienen posiciones líquidas. Intentan mejorar resultados reduciendo gastos (personal, oficinas) y aumentando ingresos por comisiones. Y dedican sus recursos humanos y materiales al recobro de préstamos y la gestión de activos, reduciendo su capacidad para atender las operaciones crediticias corrientes.

En este panorama se anuncia que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a asumir funciones bancarias para que el crédito llegue a las empresas. Por las cuantías y el tipo de préstamo no debería haber problemas, pues el ICO dispone de fondos y puede financiar cualquier actividad productiva solvente. La cuestión fundamental está en su capacidad real para analizar y conceder las operaciones. En la encuesta mencionada antes, casi un 35% de las pymes demandantes de crédito habían recurrido al ICO y casi el 60% tuvo problemas con la financiación. Con las entidades financieras ocupadas en el recobro la cooperación con el ICO es difícil, por eso éste debería disponer de una red propia que estudie y conceda directamente los préstamos. Para ello podría pensarse en una fórmula de cesión temporal de oficinas y empleados con experiencia por parte de entidades financieras; al fin y al cabo es cuestión de recursos humanos y de infraestructura, más que de dinero.

El tiempo corre. Por primera vez en la historia reciente la financiación a las empresas se mueve en España en tasas negativas. Pero si el gobierno se decide a tomar medidas drásticas, aunque estas deben ser claramente sólo por un tiempo, no se deberían criticar (como es habitual últimamente, tanto si hace como si no hace) con el argumento de que se está resucitando el papel de la banca pública en España.