NUEVO capítulo del serial por entregas que arruina cada día las posibilidades de Griñán de continuar al frente de la Junta de Andalucía tras el 25-M. Otra empresa pública, Invercaria, se ha colocado en el ojo del huracán tras conocerse la grabación en que su presidenta, que acaba de dimitir, exigiría a un subordinado suyo que elaborase a posteriori -ante el anuncio de una auditoría de la Cámara de Cuentas- informes justificativos de ayudas ya concedidas sin atenerse al procedimiento reglamentario.

En toda esta cadena de escándalos que afloran al hilo de la contienda electoral más decisiva que ha vivido la comunidad autónoma andaluza, con el caso de los ERE como paradigma de comportamientos corruptos además de las subvenciones a empresas, los fondos europeos, ayudas a la formación y sociedad de capital riesgo (la citada Invercaria), se percibe un contexto común y una conducta semejante de los responsables políticos. El contexto -no me canso de reiterarlo- es la larguísima hegemonía de un solo partido, que lleva treinta años gobernando sin interrupción, solo casi siempre y en compañía de satélites durante dos legislaturas (1996-2000 y 2000-2004).

La conducta repetida es la discrecionalidad con que se han manejado los fondos públicos, explicable precisamente por la ausencia de mecanismos de control de los gobernantes o por esa desactivación de los mismos a la que conduce la rutina de tantos años de poder y ninguno de alternancia. De ahí nace la sensación de impunidad -gratificante para el que la disfruta, pero letal para el buen funcionamiento democrático- que convierte, casi de forma automática, la discrecionalidad en arbitrariedad.

¿Cómo se llega desde lo discrecional a lo arbitrario? Prescindiendo de los procedimientos administrativos reglados y sustituyéndolos por la voluntad política, que incluso puede ser razonable (para evitar conflictos de orden público, mantener la paz social, fomentar la actividad económica...), pero sobre cuyos peligros ilustra todo lo que ha pasado realmente. La función pública, su personal y sus trámites, se crearon precisamente para proteger a los ciudadanos de las veleidades de la política y para garantizar su igualdad ante el poder. Es lenta, sí, y necesita una reforma como el comer, pero saltarse sus normas puede traer lo que ha traído, es decir, el uso y abuso del dinero de todos de manera arbitraria.

Sumen la falta de procedimiento y el reparto de fondos de modo discrecional y sin control con un trasfondo de dominio del mismo partido siempre y, en la raíz de todo, la codicia de la especie humana, y les saldrá un cóctel explosivo que explica lo que hemos tenido en Andalucía: clientelismo, amiguismo y enchufismo.