EL rey Juan Carlos ha regresado a la plenitud de sus funciones como Jefe de Estado intensificando el papel de árbitro que la Constitución le atribuye y reclamando a los partidos políticos, especialmente a los mayoritarios, que alcancen consensos básicos contra el desempleo, la mayor lacra social que sufre España. Por un lado, el Rey ha confirmado su especial sensibilidad hacia la pérdida de prestigio de la institución que encarna, debido a los errores cometidos por él mismo y otros miembros de la Familia Real, obligados a la ejemplaridad. La monarquía ha obtenido su peor nota en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 3,68 sobre 10, más de un punto por debajo del sondeo de octubre de 2011, en el que por vez primera los españoles suspendieron al Monarca. Por otro, don Juan Carlos ha venido a asumir personal e institucionalmente la apelación a los líderes políticos para que acometan la situación de emergencia nacional que atraviesa el país desde el patriotismo y la generosidad. Y ha elegido como ejemplo el que probablemente está en la mente y el deseo de todos: un gran pacto a favor del empleo, sobre cuya necesidad no hace falta mayor comentario. Un pacto que, por añadidura, sería el factor clave para revertir el proceso de deterioro y deslegitimación que afecta a la vida política e institucional y, aún más, a sus protagonistas activos. También lo reflejaba el barómetro del CIS correspondiente al mes de abril, con indicadores y tendencias nítidas: la caída en las perspectivas de voto de los dos grandes partidos (PP y PSOE) no se detiene, la valoración de las instituciones democráticas baja sin cesar y la corrupción continúa en los primeros puestos de los que los ciudadanos consideran los principales problemas de la nación. La desafección hacia la mal llamada clase política -con esta expresión se generaliza injustamente, y siempre en la peor dirección- no para de crecer y deriva en una distancia abismal entre los españoles y quienes los gobiernan o, en general, se dedican a la actividad política. De este modo, cuando el Rey se manifiesta expresamente dispuesto a arbitrar la vida política y dinamizar la actuación de sus agentes está reconociendo la gravedad del momento que vivimos y agitando la conciencia de los dirigentes del país. Sus palabras, gestos e iniciativas no pueden tomarse a beneficio e inventario. Hace falta que las cúpulas de las organizaciones políticas, y por supuesto las agrupaciones sindicales y empresariales, se pongan decididamente a la tarea. Con espíritu de consenso, dispuestos a hacer concesiones y pleno sentido de la responsabilidad acerca de la coyuntura dramática en la que se encuentra España.