GUILLERMO Gutiérrez, en calidad de consejero de Trabajo e Industria, nombró en 1999 a Francisco Javier Guerrero director general de Trabajo y Seguridad Social. José Antonio Viera y Antonio Fernández, sucesores de Gutiérrez como responsables de las políticas de empleo, ratificaron a Guerrero en el cargo hasta 2008. Debían tener claro su talento y su rendimiento. Pero la Policía Judicial relata la implicación de ese director general en la inclusión de identidades fantasma en la regulación de empleo de Mercasevilla en 2003, para el corrupto pago de comisiones a los innecesarios intermediarios de una reconversión laboral que no tenía justificación en una empresa donde 2 más 2 sumen 4. La juez Alaya, en la instrucción del caso, lo considera una trama con la perspicacia suficiente para no introducir el nombre de los caballos de Troya en los documentos más sujetos a fiscalización, sino en la lista que se tramita finalmente con la aseguradora de las pólizas inherentes al pago de las prejubilaciones.

Guerrero, ante las preguntas policiales, sale del armario como domador de reptiles para no comerse en solitario el marrón de un escándalo cada vez más nauseabundo. Tira por elevación hacia sus jefes de partido y gobierno, y da su versión sobre el método político por el que se burlaban los controles.

Primero fueron Monteseirín y Torrijos los que dijeron sentirse engañados por Mellet, y que no sabían nada de lo que tramaba un ejecutivo a sus órdenes en los órganos de dirección de Mercasevilla. Viera y Fernández tienen a mano el libro de estilo para proclamarse igualmente engañados, que no sabían nada ni se enteraban de nada. Y los votantes más comprensivos con esas disculpas y negaciones, que eluden la autocrítica por la responsabilidad in vigilando en sus áreas de gobierno, pueden preguntarle a Viera, ahora secretario provincial del PSOE de Sevilla, por qué no se enteraba de lo que Guerrero hacía y dejaba hacer.