MÁS del 63% de los españoles perciben la corrupción como el problema más grave del país, solamente superado por el desempleo. El porcentaje no ha dejado de crecer en los últimos meses. Las conductas corruptas o desviadas al amparo del poder político o institucional constituyen una de las causas fundamentales de la desafección de los ciudadanos hacia el sistema democrático y de la crisis de legitimidad de las instituciones. Incluyendo a la Monarquía, una de las claves del régimen constitucional, que se ha visto dañada por el caso Nóos protagonizado por la infanta Cristina y su esposo y por los errores del rey don Juan Carlos en los últimos años de su mandato. Fue muy significativo que su hijo don Felipe, el actual Monarca, se comprometiera durante su solemne proclamación, en junio pasado, a encarnar una Monarquía íntegra, honesta y transparente. Y está siendo aún más significativo que haya adoptado medidas para hacer honor al compromiso. El apartamiento de Urdangarín y la Infanta, la reducción del concepto de Familia Real a los reyes actuales, los anteriores y las infantas hijas de los primeros, la instauración de un código ético para los empleados de La Zarzuela, la transparencia de las cuentas de las Casa Real y su decidida política de austeridad signaron los primeros tiempos de su reinado. Ahora se ha dado a conocer que en el futuro inmediato ningún miembro de la Familia Real aceptará viajes gratuitos, créditos bancarios sin intereses o regalos que vayan más allá de lo que dictan los usos sociales o la cortesía. Felipe VI no será gratificado con yates o coches de lujo. El Rey ha decidido que, como primer español, debe caracterizarse por la ejemplaridad. Lo que los españoles echan en falta en la clase política. Es su forma de ayudar al país a salir de la desesperanza y el desapego y, también, el medio de reforzar los lazos de la Monarquía con su pueblo. De nuevo las encuestas sitúan a la institución como la excepción en el contexto de descreimiento y deslegitimación. En menos de seis meses.

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