NO sé si debemos creernos que el Gobierno se ha aclarado al fin en materia fiscal una vez que el presidente Zapatero ha anunciado que son las rentas del capital y no las del trabajo las que van a ser más fuertemente gravadas. Todavía hay tiempo para nuevas rectificaciones y mutaciones.

Lo digo porque los expertos ya han calculado que esa subida fiscal a plusvalías y dividendos va a suponer un aumento escaso de los ingresos del Estado y, por tanto, una leve reducción del déficit público, que se ha multiplicado por cinco en sólo un año. Lo digo también por lo que acaba de suceder con la ayuda de 420 euros a los parados que hayan agotado las prestaciones legalmente establecidas para el desempleo.

A ver. El Gobierno aprobó por real decreto de 13 de agosto que cobrarían los 420 euros mensuales previstos solamente los desempleados a los que se les acabase el subsidio a partir del 1 de agosto. Ante las protestas de sindicatos y partidos de izquierdas, Zapatero se declaró, una semana después, a favor de extender las ayudas. El lunes pasado, por la noche, el ministro de Trabajo (o de Paro), Celestino Corbacho, ofreció a los sindicalistas incluir entre los beneficiarios a los parados sin subsidio desde el 1 de junio, y ni un día antes: "El contexto económico no permite ampliar la duración de la prestación más allá del 1 de junio", sentenció Corbacho.

Pocas horas después de que el ministro se mostrase tan firme, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, dijo que estaba negociando el asunto con los grupos parlamentarios y que todavía quedaba margen para la ampliación de la cobertura. Ayer, finalmente, se oficializó el cambio: se aplicará el decreto a los parados desde el 1 de enero. Como pedían los sindicatos y como exigían los grupos a cambio de respaldar el decreto. Aun minutos antes del anuncio, la vicepresidenta Salgado advertía que desbordar las previsiones gubernamentales implicaría un aumento del déficit.

Salgado tiene razón: el coste adicional de la ampliación se calcula en cien millones de euros (hay que multiplicar por siete, de enero a agosto). Se hará, qué duda cabe, y con la anuencia de todos los partidos políticos, que no se atreven a cuestionar una medida tan social pero a buen seguro rechazarán la subida de impuestos que hará falta para financiarla. Pero lo que queda claro es que Zapatero improvisa más de la cuenta y no informa a los ministros de sus designios cambiantes. En este caso ha mandado al portavoz Alonso a pactar algo que no le había comunicado a Corbacho ni a Salgado. No se ve un presidente con un plan sólido ni un gobierno que lo conozca y lo lleve a la práctica. Eso produce desconfianza.