LA iniciativa lanzada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que los alcaldes sean elegidos de manera directa por los ciudadanos, en vez de por el pleno de los concejales electos, como se hace actualmente, ha sido acogida con recelo por los partidos de la oposición. El motivo es doble. Por un lado, se critica que esta medida se anuncie de forma aislada en lugar de incluirla, como sería razonable, dentro de un bloque legislativo encaminado a la regeneración democrática que el país demanda. En este bloque deberían integrarse varias reformas tendentes a relegitimar a las instituciones y mejorar el funcionamiento del sistema de libertades a todos los niveles y el conjunto tendría que ser objeto de negociación y pacto entre todas las fuerzas políticas, ya que no se entendería que las reglas del juego democrático estuvieran al albur de los cambios de mayoría parlamentaria y careciesen de la estabilidad necesaria. Por otro lado, el planteamiento ahora de esta cuestión de la elección de alcaldes, cuando faltan unos meses para renovar los ayuntamientos en las urnas, no es ajeno a una finalidad electoralista, ya que las pasadas elecciones europeas han reflejado retrocesos del PP y el PSOE, pero mientras los socialistas tienen facilidades para pactar con otros partidos, el PP precisa, para poder gobernar los municipios más importantes, lograr la mayoría absoluta. Quiere ello decir que alcaldes populares de grandes ciudades verían peligrar su continuidad en los comicios de 2015, aunque ganaran en las urnas, al no revalidar la mayoría absoluta actual. Este carácter partidista ha venido a perjudicar la viabilidad de la propuesta de Rajoy, al que Rubalcaba ya solicitó ayer tiempo y acuerdo como condiciones para pensar en un pacto sobre la elección directa de los alcaldes. El fondo de la cuestión es, en principio, digno de debate y consideración. Que sea el voto de la mayoría de los vecinos el factor decisivo para la elección de un alcalde es más que razonable. Contribuiría a dar estabilidad a los ayuntamientos y evitaría pactos de los partidos perdedores, a veces "contra natura", para impedir que el candidato más votado gobierne el consistorio. La fórmulas para lograr estos efectos positivos son variadas y pueden discutirse con serenidad. Van desde la asignación de una mayoría de concejales a la candidatura con más sufragios a la celebración de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados en la primera. Se trata de una reforma importante y, por eso mismo, merece un debate tranquilo y sosegado, sin la precipitación y la distorsión que supone intentar hacerlo meses antes de unas elecciones locales y sin el complemento de otras reformas regeneradoras.