ENTRE los años 40 y 60 del pasado siglo XX se crearon en toda España un gran número de escuelas, tanto en las ciudades como en las más lejanas poblaciones que, promovidas por las distintas parroquias, intentaron cubrir la necesidad de escolarización de los niños cuyas familias no disponían de los recursos necesarios para garantizarles el acceso a la educación. Eran años donde la estructura del Estado se estaba consolidando y la red pública de centros escolares era incapaz de atender una demanda que crecía en mayor medida que las infraestructuras.

Al margen de consideraciones políticas o ideológicas, estas escuelas, con escasos medios y grandes dosis de esfuerzo personal, proporcionaron una educación básica a varias generaciones de españoles y, a medida que el Estado garantizaba la escolarización obligatoria en todo el territorio, fueron desapareciendo paulatinamente.

Algunos de aquellos centros sobrevivieron a los cambios sociales, políticos y legislativos acaecidos en sus más de 50 años de existencia, y ha sido debido, principalmente, a la demanda de la población en su ámbito de referencia y a la labor de párrocos de gran carisma que lucharon por mantener esos colegios como servicio a sus comunidades, ofreciendo una educación libre y gratuita en condiciones de igualdad, que consiguieron llegar hasta nuestros días.

En Sevilla y su provincia permanecen prestando servicio ocho centros educativos de origen parroquial y que quedaron integrados en la actual Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez. Muchos sevillanos pasaron por sus aulas y seguramente recordarán a José Álvarez Allende, en San Bernardo, a Carlos Rodríguez Baena en Nuestra Señora de las Mercedes, a Federico Trotter en el Sagrado Corazón de Jesús, a Rafael Escalante en el Corpus Christi, o a Carmen Aguilar en San Isidoro. Éstos, junto a muchos otros vecinos anónimos, aportaron su trabajo y esfuerzo para conseguir mantener en sus barrios unos centros educativos que son apreciados y respetados por toda su trayectoria.

Hoy en día la razón de ser de estos colegios concertados se fundamenta en nuestra norma básica de convivencia, la Constitución Española de 1978, en cuyo artículo 27 se recogen aspectos esenciales como el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones, la libertad de creación de centros y la libre elección de las familias; cuestiones que deben ser garantizadas por el Estado.

Estos colegios han mantenido su clara identidad y organizan su vida y actividades con un ideario decididamente católico. No sólo son centros con alta calidad docente, sino que a la vez son lugares de formación integral creyente donde se aprende a vivir cristianamente en un contexto pluricultural y multirreligioso.

La educación de los alumnos en los valores cristianos, junto con el acompañamiento a las familias y la implicación del profesorado, conforman una oferta educativa que debe garantizarse como alternativa a la red pública laica para que pueda existir esa libre y efectiva elección de las familias reafirmada en la Constitución.