UN informe realizado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) desvela que los colegios de educación concertada de Andalucía son los que menos dinero reciben de su Administración autonómica. En concreto, la Junta de Andalucía apenas da 2.265 euros/año por cada alumno de estas escuelas, cantidad que sale en su totalidad de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que el Gobierno andaluz apenas hace esfuerzos en mejorar la situación de unos centros que acogen a más del 20% de nuestra población escolar.

No vamos a resucitar aquí el viejo debate sobre la educación concertada. Entre otras cosas porque es un debate totalmente superado que apenas se produce en el seno de la sociedad real. La concertada entra dentro del derecho de los padres a escoger, dentro de lo posible y sin extravagancias, el modelo de educación que creen más apropiado para sus hijos. Sólo desde posturas muy ideologizadas y ajenas totalmente al devenir cotidiano de la vida escolar de Andalucía se puede creer que los centros concertados suponen un problema de cualquier tipo. Además, la historia nos indica que este modelo funciona, pese a las lógicas tensiones entre las administraciones socialistas y unos centros que en su gran mayoría están en la órbita de la Iglesia católica.

Gracias a la educación concertada y a la vastísima red de centros que tiene en toda Andalucía, la Junta ha conseguido ahorrar muchísimo dinero en infraestructuras educativas y se ha garantizado la plena escolarización. Guste o no, la educación concertada llega allí donde no llega la pública. Por eso no se entienden sus reticencias a mejorar las dotaciones económicas que dedica al mantenimiento de unos edificios que, en la mayoría de los casos, están claramente envejecidos. Sólo gracias a los esfuerzos de unas diezmadas órdenes religiosas (propietarias de la mayoría de estos centros) y de los padres de los alumnos (que contribuyen con cuotas mensuales pese ser una práctica non grata para la Junta) se están manteniendo unos inmuebles y unas instalaciones deportivas que son imprescindibles para la escolarización en nuestra comunidad autónoma.

Siempre que se garantice una educación acorde con los valores democráticos, la Junta debe mejorar su colaboración con los centros concertados y debe aumentar sus dotaciones económicas. Lo contrario es no comprender nuestra realidad educativa, la pluralidad de los ciudadanos y las profundas raíces que tienen en Andalucía colegios que, en muchos casos, son centenarios.