LA Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) publicaron el lunes una investigación sobre la evolución del gasto social en España durante la crisis. El gasto social incluye tanto el de la Administración Central -pensiones, prestaciones por desempleo y exclusión social-, como la sanidad y la educación que gestionan las comunidades autónomas.

La crisis ha afectado de forma notable a los gastos que representan el Estado de Bienestar, aunque la intensidad del ajuste y el gasto por habitante en el año 2013 varían de manera significativa entre las distintas comunidades.

El punto de partida inicial -el año 2009- es el primer motivo que explica las diferencias entre territorios. Comunidades muy endeudadas, como Cataluña y Valencia, han sufrido con especial intensidad los recortes, condicionadas por la deuda acumulada.

En otras, como Andalucía, los menores recursos por habitante como consecuencia del actual sistema de financiación han provocado también costes superiores a la media a la hora de reducir el gasto social.

En el otro extremo, las comunidades con régimen foral (País Vasco y Navarra) han experimentado problemas de mucha menor magnitud, debido a que la financiación pública por habitante es un 50% superior a la media nacional.

Esto no significa que las políticas sociales que cada gobierno autónomo ha llevado a cabo no sean relevantes. Siendo Madrid la comunidad con mayor renta por habitante (junto al País Vasco) es, sin embargo, la que menos recursos dedica a educación. Otras como Asturias o Extremadura dedican un 50% más de gasto a educación que Madrid. En el caso madrileño, además, hay que tener en cuenta que la presión fiscal por habitante es la menor de España como consecuencia del reducido gravamen autonómico en el impuesto sobre la renta que el gobierno regional ha mantenido durante años pasados.

Andalucía no se encuentra bien situada. Globalmente, para todos los servicios sociales mencionados, el gasto por habitante se sitúa en el cuarto lugar por la cola. Aunque en gasto de educación se posiciona mejor, 959 euros per cápita frente a una media nacional de 915, en gasto sanitario se encuentra la última, con 1.182 euros frente a 1.357 euros por habitante de media nacional. También en protección social Andalucía se encuentra en los últimos lugares.

Hay que destacar también que, durante el periodo de crisis analizado, la mayor parte del ajuste lo han llevado a cabo las comunidades con una reducción del gasto del 21%, frente a la Administración Central que sólo lo ha reducido en el 2,7%, debiéndose a dos motivos. Primero, porque ha habido una política calculada de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y, en segundo lugar, por el carácter automático de la percepción de la prestación por desempleo. En ambos casos es la Administración Central la que hace frente a esos gastos.

La crisis no ha destruido el Estado de Bienestar en nuestro país, aunque ha reducido notablemente su alcance. Recuperarlo depende de la vuelta al crecimiento sostenido y sostenible, de la reducción del fraude fiscal y de un sistema de financiación que reduzca las enormes diferencias entre comunidades, incluyendo el sistema de cupo del que disfrutan el País Vasco y Navarra.