EL Gobierno andaluz está orientando buena parte de su atención y acción política en plantar cara a las políticas de ajuste del Gobierno de la nación y posicionarse sobre los más variados aspectos de la vida pública nacional. Frente a una gestión cotidiana caracterizada por el ritmo lento y la atonía, el Ejecutivo autonómico parece más interesado en resucitar la confrontación con el Ejecutivo nacional, resucitando el modelo de los gobiernos de Chaves que coincidieron en el tiempo con la estancia de Aznar en la Moncloa. El problema es que el actual bipartito andaluz no se limita a corregir o impugnar las decisiones y medidas de Rajoy, en una especie de contraprogramación que desconcierta a los ciudadanos, sino que está organizando una campaña de movilización contra el Gobierno español, centrada en la búsqueda de un Pacto por Andalucía al que se pretende conferir una dimensión histórica comparándolo con el acuerdo entre las fuerzas políticas andaluzas y las manifestaciones colectivas que condujeron al 4 de diciembre y al 28 de febrero, las fechas emblemáticas de la autonomía andaluza. Ni aun así los partidos gobernantes en esta comunidad autónoma logran ponerse de acuerdo y enviar un mensaje común, ya que los socialistas hablan de manifestaciones callejeras e Izquierda Unida propone nada menos que un referéndum cuyo contenido y alcance no se aclara. De las fechas indicadas hasta hoy han pasado más de treinta años, en los cuales sólo ha gobernado Andalucía el partido mayoritario de los dos que mandan en la actualidad, de modo que de los graves problemas que padece esta tierra habrá que pedir cuentas a esa organización política, igual que hay que atribuirle los avances registrados. Intentar achacar nuestras carencias a los once meses de gobernación de Rajoy en Madrid, incluso tratando de sacar a la calle a los andaluces, es una huida hacia delante y una manipulación que debe ser rechazada. La función prioritaria del Gobierno andaluz es gobernar con dedicación y entrega esta comunidad, con los recursos de que dispone, no arremeter institucionalmente contra el Gobierno de la nación, una labor que corresponde en todo caso, si así lo estiman conveniente, a los partidos políticos como tales.