NADA hay de novedoso en los tiras y afloja de las autonomías cuando se ultima su financiación para los próximos años. Tendemos a olvidar que cada vez que se ha negociado un nuevo modelo se han repetido los tirones, el sí pero no, los secretos y las urgencias, todo ello rodeado de un dramatismo en buena medida impostado y de cara a la afición.

Tal como se ha construido el Estado de las Autonomías, ninguna comunidad se pregunta qué puede hacer por el Estado. Cada gobierno autonómico se plantea qué debe hacer el Estado por su comunidad, y la respuesta es unánime: lo más posible. Todos quisieran que se aplicasen aquellos criterios de distribución que más beneficien a sus respectivos terruños. Todos pelean por el principio de que la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo.

Al no estar los criterios objetivados, su definición es en buena parte variable, en función de la coyuntura política y de las necesidades del gran distribuidor (el Estado, que se expresa a través del Gobierno). Ni siquiera sirve la falacia del actual inquilino de que todas las comunidades van a recibir más: para eso basta con crear un fondo adicional, dándole a la maquinita de hacer dinero, que ya pagarán los que vengan detrás. El asunto es cuánto más y, sobre todo, quiénes sacarán por encima de la media y quiénes han de explicar a los ciudadanos de sus feudos que se han quedado por debajo.

A fecha de hoy el Gobierno parece haber logrado su principal objetivo estratégico en estas negociaciones: mejorar sustancialmente las dotaciones destinadas a Cataluña (incluso generando una especie de Caja B, con dineros destinados a la gestión de competencias que otros no tienen, como las prisiones y los mossos) sin que Andalucía salga perdiendo. Asegurada la paz en los dos territorios que más votos proporcionan a Zapatero, lo demás resulta secundario, aunque entre los perjudicados se encuentren autonomías de control también socialista, como Extremadura, Asturias y Baleares. De las autonomías del PP, por su parte, pocas van a resistir, números en mano, la tentación partidista de rechazar el modelo que viene.

Mientras el sistema sigue plenamente instalado en la cultura del regateo territorial, se pierde una vez más la oportunidad de replantear el extravagante privilegio de unos gobiernos autonómicos que apenas recaudan y gastan mucho -demasiado en época de crisis en la que se imponen la austeridad y el adelgazamiento- y se ha perdido, quizás irreversiblemente, la oportunidad de mejorar la financiación de los ayuntamientos. Ningún virrey regional piensa en cómo aliviar la asfixia de sus corporaciones locales; todos buscan sacar pecho con lo que le han arrancado a Madrid.

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