AUNQUE nunca se habían alcanzado los niveles actuales, la distancia entre la tasa de paro andaluza y la española se mantiene cercana a los 10 puntos porcentuales desde mediados de los 80. Se alcanzó tras diferentes impulsos puntuales, coincidentes con acontecimientos políticos y económicos de gran relevancia que bien pueden considerarse como sus causantes originales. Incluso cuando el desempleo no era un problema, al menos tal y como lo presentaban las estadísticas de la época, la diferencia entre las tasas de paro andaluza (3,66% en 1955 y 3,35% en 1962) y española (1,43% y 1,14% en los mismos años), ya era lo suficientemente significativa como para admitir alguna explicación de tipo estructural, seguramente relacionada con las características de la base productiva. Pero cuando el problema del desempleo comienza a adoptar un perfil parecido al actual es a partir de la crisis de 1973. Ahora nos pueden parecer insignificantes, pero la cifra de 128.774 parados en 1973 (paro registrado) se convirtió en 301.852 en 1975, es decir, aumentó en un 134%, mientras que en Andalucía se pasó de 48.000 (el 37% de España) a 106.000.

La crisis de los 70 golpeó con especial intensidad a Andalucía. La provincia de Málaga era en 1975 era la segunda de España, tras la de Barcelona, con mayor volumen de paro registrado (23.476), incluso por delante de Madrid (22.675), mientras que la tasa de paro andaluza llegaba a superar a finales de 1976 (primer año para el que está disponible la EPA) la cota del 10%, de la que ya nunca volvería a bajarse. También en ese año se estableció una distancia entre las tasas de paro andaluza y española (10,04% frente a 4,72% en el cuarto trimestre de aquel año) que tampoco se iba a poder recortar en el futuro. El país se encontraba en plena transición política y se trabajaba en la definición del nuevo marco de relaciones laborales que debía romper de forma radical con el heredado de la dictadura y cuya primera pieza importante sería el Estatuto de los Trabajadores, de tan nefastas consecuencias posteriores sobre el empleo. A finales de los 70 el mercado de trabajo español se había convertido en una realidad compleja, no sólo por la crisis y los cambios en la legislación laboral, sino también por otros condicionantes de carácter económico y sociológico que los analistas de la época describían con precisión. La precariedad del sistema de pensiones y la elevada fiscalidad sobre los salarios (la aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social no alcanzaba el 10%) tenían una influencia notable, así como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y los incentivos fiscales y financieros a la inversión en capital, que terminaban provocando la sustitución de mano de obra. Pero si algo tenía especial trascendencia en Andalucía eran el retorno de los emigrantes y el abandono del medio rural (se estimaba en torno a 100.00 personas cada año en toda España).

La distancia de 5 puntos en tasa de paro se amplió a 10 a mediados de los 80. La Reforma del Estatuto de los Trabajados (1984) fue la norma laboral más importante de la época, pero el acontecimiento de mayor trascendencia política iba a ser la integración de España en la Comunidad Europea (1986). Coincidió con el impulso al proyecto de Unión Europea que Jacques Delors, por entonces Presidente de la Comisión, reflejó en el Acta Única Europea. Entre las coincidencias de los expertos que analizaron sus posibles consecuencias figuraban dos postulados de particular trascendencia. El primero establecía que sería difícil la convivencia en una Europa sin fronteras y con importantes diferencia internas en materia de bienestar, así que había que contemplar la posibilidad de importantes desplazamientos de población. El segundo, que en un mercado único y de grandes dimensiones, muchas empresas podrían conseguir importantes economías de escala incrementando su tamaño, así que había que esperar un intenso proceso de fusiones, adquisiciones, etc. y, como consecuencia de ello, algunas regiones reducirían el tamaño de sus economías y aumentaría el desempleo. El pronóstico era que las nuevas y mayores empresas resultantes de la integración tenderían a concentrarse en las zonas más productivas y eficientes, por lo que España y, sobre todo Andalucía, aparecían como claras candidatas a experimentar una contracción en el tamaño de sus economías y un mayor desempleo.

Consciente de la gravedad de la situación y temiendo a las posibles migraciones interiores, Europa aceptó poner en marcha un ambicioso programa de ayudas estructurales en los denominados "Paquete Delors" (I y II). Se aceptaba su utilización para mejorar el bienestar de la población en las regiones periféricas, incluso en el supuesto de pérdida de empleo, lo que básicamente suponía la financiación de un mayor volumen de bienes y servicios ofrecidos por el sector público y, por tanto, de un aumento de tamaño. También se contemplaba la necesidad de corregir los déficits de infraestructuras, no sólo por su contribución al bienestar, sino también por su influencia sobre la productividad y la eficiencia económica. Un capítulo importante tenía que destinarse a la creación de empleo y, más concretamente, a las políticas activas de empleo (formación e intermediación en el mercado de trabajo), pero sobre todo había que intentar recuperar la parte de la economía que previsiblemente iba a desaparecer con la integración. El principal riesgo era que si no se incrementaba el tamaño de la economía, se estaría levantando un sistema de bienestar sin una base productiva propia que garantizase su viabilidad, al margen de las ayudas europeas. A la vista de lo señalado, parece evidente que una parte del problema de desempleo hay que atribuirlo a la crisis de los 70 y a los cambios económicos y sociológicos que acompañaron la reforma política, pero también al fracaso en la utilización de los abundantes recursos habilitados por Europa para mejorar la empleabilidad de los parados y recuperar el tamaño de la economía que desapareció con la integración.