Albricias, ya está en camino la Administración Electrónica 2.0. Ojalá no consista en un nuevo método más digital para ser enchufado a la red de la nómina fácil con la garantía del Estado. En los discursos y parafernalias echo en falta la voluntad de fijar un pequeño gran detalle que es punto cero o dos puntos. Hoy en día, ¿cuál es la duración correcta de los plazos de tiempo para anunciar y mantener abierta una convocatoria que se organiza desde un ente administrativo y a la que han de presentarse los ciudadanos o las empresas, voluntaria u obligatoriamente, según los casos? Tan consustancial a la vida cotidiana y merece una pensada que no percibo ni desde las instituciones ni desde la sociedad civil. Es el lado oscuro en el que se cultivan vicios e inercias que lastran el funcionamiento más correcto y democrático de nuestra sociedad.

En Sevilla, el flamante concejal de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Beltrán Pérez, firmó una orden convocando a la Sevilla asociativa a concurrir en un mes vacacional como julio para postularse a la constitución de los nuevos consejos de participación y las once juntas de distrito. El plazo era de seis días hábiles. Ante la protesta de Espadas y Torrijos en nombre de la oposición municipal, se ha ampliado el plazo hasta pasado mañana día 14. En total, nueve días hábiles. ¿Cabe establecer criterios técnicos para determinar si es mucho o poco tiempo el ofrecido al común del vecindario para enterarse por propia voluntad o por casualidad de la llamada a la participación? Sí.

Sin necesidad de montar una cumbre en un hotel con piscina y mojitos para poner en común las ocurrencias, es pertinente definir toda la casuística de convocatorias procedentes de la Administración estatal, regional, provincial y local, para que en todas las autonomías y municipios se funcione con la misma tabla de plazos, que pueden oscilar entre diez, veinte o treinta días. Sabedores del avance de la conectividad para avisar con enorme celeridad de modo indiscriminado a la población, pero siendo a la vez conscientes de que existe una considerable brecha digital que, en determinadas convocatorias, puede causar profundos agravios y exclusiones.

Es el único camino para funcionar con rigor y evitar las arbitrariedades. Es más gordo que el libro de Petete el cúmulo de casos en los que, bajo el mando de altos cargos de cualquier partido político, se han efectuado convocatorias para temas de envergadura (presentación de ofertas para hacer obras, o para concurrir a la explotación de un servicio, o para aspirar a subvenciones) en fechas estrambóticas para que pasen desapercibidas, o en las que se ha estipulado un plazo exiguo a tenor de la abundante tarea que se exige a los potenciales candidatos si se enteran desde el minuto 1 en que se pone en marcha el procedimiento. Todos somos conscientes de los abusos que se producen desde tal o cual departamento, que ha de sacar un concurso, y antes de su publicación oficial están ya preavisados los iniciados para trabajar con antelación a la hora de presentar de modo ventajista una candidatura muy elaborada que consiga el contrato.

Para que no haya sospechas de contubernios restrictivos en la participación ciudadana, o simplemente para hacer mejor su trabajo, en los distritos municipales tienen que estar mucho mejor actualizadas, y de continuo, sus bases de datos sobre todas las modalidades de asociacionismo que tienen relación con su ámbito urbano. A partir de ahí, con el envío masivo de mensajes de móviles, correos electrónicos y avisos en redes sociales, sin menoscabo de la obligación de publicarlo en periódicos, en webs y en tablones de las sedes oficiales, se alcanzaría una conquista jamás lograda: que todo hijo de vecino se entere de lo que se convoca. Sin esta condición previa, no hay democracia de distrito.