muñoz

EN la macroinstrucción de los ERE fraudulentos parece que desde hace tiempo vienen produciéndose poltergeist, fenómenos extraños para los que no se encuentra explicación. El último caso destacado tuvo lugar esta semana, cuando la juez Mercedes Alaya notificó un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estaba datado el 13 de noviembre de 2013 pero que no habría llegado al juzgado de Alaya hasta el 27 de enero de 2014, es decir, con casi tres meses de retraso. Lo paradójico de este retraso -que en todo caso retrataría una inaceptable burocracia en una causa judicial tan relevante- es que la notificación se produce a tan sólo cuatro días de la declaración ante la instructora como imputado del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a quien afectaba sensiblemente el contenido del oficio, por cuanto la Guardia Civil aseguraba que había detectado un "incremento patrimonial ilícito" en su persona y aseguraba que una nuera suya cobró más de 21.000 euros por haber trabajado para empresas del ex conseguidor de los ERE Juan Lanzas.

¿Coincidencia o casualidad en la notificación? Sólo Alaya lo sabe, aunque esto recuerda a otras ocasiones en las que la juez ha hecho coincidir sus autos con importantes hitos políticos, aunque éste no es el caso.

Las sospechas no son del todo nuevas, ya que en los últimos meses los abogados defensores de algunos de los 141 imputados en la causa de los ERE han denunciado que no tienen igualdad de armas para defender a sus clientes porque la juez Alaya retiene u oculta información que puede ser relevante para el ejercicio del derecho de defensa. El abogado de Pablo Millán Márquez y Juan Vela Quiroga, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), fue el primero en denunciar que la juez manejaba en algunas declaraciones una documentación que no había notificado aún a las partes. Esta defensa denunció que el 25 de julio de 2013, cuando Alaya tomó declaración al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, la instructora disponía de las manifestaciones realizadas ante la Guardia Civil por Juan Luque Alfonso, ex interventor delegado en la Consejería de Empleo.

La declaración de Luque y una documentación anexa no fue incorporada a la causa hasta principios de octubre, por lo que el letrado entendía que se había infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y se había causado indefensión.

Varias semanas después, el abogado Fernando de Pablo, que representa al ex diputado del PSOE-A Ramón Díaz Alcaraz, daba un paso más al afirmar que la Guardia Civil retenía desde hace más de dos años "el 90% de la documentación" que en su día entregó la ex asesora de Empleo María José Rofa, lo que a su juicio estaba provocando una "profunda indefensión" de los imputados.

Los abogados defensores parece que han encontrado en este aspecto un punto débil o una vía de ataque a la instrucción que durante tres años mantiene abierta la juez Alaya. El siguiente en denunciar la supuesta ocultación de los informes fue el abogado José María Mohedano, que representa al ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano y al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, y que ha llegado a solicitar a la instructora la nulidad de la declaración prestada por el ex interventor de la Junta Manuel Gómez.

Mohedano aseguró que la juez dispuso durante esta declaración del testimonio que había prestado el interventor delegado en Empleo y de un informe suscrito por cuatro interventores en el que se avalaba el sistema de las transferencias de financiación que se utilizó para el pago de las ayudas de los ERE, porque el mismo contaba con el "máximo respaldo legal e institucional" y era conocido por todos los agentes que intervienen en el proceso presupuestario, desde el Gobierno, pasando por el Parlamento andaluz y la Cámara de Cuentas. El letrado criticaba que Alaya dispusiera de unas declaraciones "fraguadas a espaldas de los imputados", aunque la juez atribuyó el retraso a un mero error, porque la Guardia Civil había entrado dos legajos, uno para la instructora y otro que por error no se incorporó a la causa.

Junto al retraso en la entrega de los oficios de la Guardia Civil y de la documentación que debía estar en el sumario, hay otros fenómenos de difícil explicación que se están produciendo en torno a este caso, como por ejemplo la demora a la hora de citar a declarar a los imputados. Cierto es que la causa es muy compleja y voluminosa, pero como dijo el anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gonzalo Moliner un retraso de tres años en la declaración de un imputado "no es normal ni aceptable".

También puede encuadrarse dentro de esos poltergeist el anuncio que, en febrero de 2012, hizo la Guardia Civil respecto a la inminente entrega -que hoy dos años después aún no se ha producido- de un atestado sobre las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla. Ese anuncio fue realizado precisamente en un informe en el que los investigadores apuntaban al "papel esencial" que había jugado el ex consejero de Empleo José Antonio Viera en la concesión de las ayudas de la Sierra Norte a determinados grupos empresariales.

Todas estas sospechas ponen en cuestión la exhaustiva labor que están realizando la propia juez y los agentes de la Guardia Civil, los incansables, la expresión que utilizó la magistrada en uno de sus autos.

Ante lo que está pasando recuerdo la escena final de una de las mejores películas relacionada con la temática de la Justicia: Vencedores o vencidos (Stanley Kramer, 1961) sobre el juicio de Nüremberg a los criminales nazis. El juez Daniel Haywood (interpretado por Spencer Tracy) visita en prisión a uno de los condenados, el juez y ex ministro de Justicia alemán Ernst Janning (Burt Lancaster), quien le dice que cuenta con su respeto y que su veredicto fue justo.

-Ernst Janning: Juez Haywood, la razón por la que le pedí que viniese… Aquella pobre gente, aquellos millones de personas, jamás supuse que se iba a llegar a eso. ¡Debe creerme, debe usted creerme!

-Juez Haywood: Señor Janning, se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente.

Ojalá que esto no suceda con el caso de los ERE y que nadie tenga que lamentar, cuando pasen los años y haya una sentencia, que nunca se imaginó que podía ocurrir esto.