La reforma fiscal

AUMENTA la nómina de partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, académicos, etc, que demandan una reforma en profundidad del sistema fiscal en España. Cada cual tiene su modelo, pero todos coinciden en que el de Fernández Ordóñez resulta ya incapaz de soportar los vaivenes a los que ha sido sometido en los últimos años, a la búsqueda de nuevas fuentes de liquidez que ayuden a soportar la sequía financiera de las administraciones públicas. Vuelve el Impuesto sobre el Patrimonio, tras la subida del IVA el pasado año y se sigue discutiendo sobre los impuestos a los ricos, la tributación de las sicav o la fiscalidad sobre el ahorro, especialmente sobre el ahorro a largo plazo que, tras el fiasco inmobiliario de los últimos años, debe regresar progresivamente hacia su destino natural, que son los planes de pensiones. También se vino abajo la coherencia del sistema de incentivos y desgravaciones, y no sólo por los cambios en la fiscalidad de la vivienda o la burda manipulación de las ayudas familiares, sino también por el desbarajuste de la tributación sobre los beneficios de las sociedades o las rentas de pymes y autónomos. Los vericuetos que ofrece el Impuesto de Sociedades permiten a las empresas reducir hasta el 10% el porcentaje de los beneficios que entregan a la hacienda pública, cuando las tarifas son del 25 y el 30%, según el tamaño, y se acepta que profesionales y autónomos declaren una renta media del entorno de los 11.000 euros, que no sólo es muy inferior a la que declaran los asalariados, sino también la mayoría de los pensionistas. Siguen abiertos, por otra parte, importantes debates sobre la fiscalidad ecológica, el copago de los servicios públicos, el alcance del fraude y la corresponsabilidad fiscal de las haciendas territoriales y en Andalucía, por poner un ejemplo, se ha decidido gravar las cuentas corrientes y las bolsas de plástico. Otras comunidades han elegido otras opciones, pero todas comparten el mismo interés por encontrar algún flanco libre en el contribuyente, expectante a la espera de la próxima tarascada.

El convencimiento de que este país necesita una reforma fiscal se extiende a medida que el escenario gana en complejidad y desorden. Una reforma que proporcione transparencia e informe al contribuyente de la carga fiscal que verdaderamente soporta, incluyendo los impuestos enmascarados en el precio de los combustibles, el tabaco o las bebidas alcohólicas, ayudaría a despertar la conciencia fiscal del ciudadano y facilitaría la lucha contra el fraude, sin duda otro de los grandes ejes de la reforma. También se debe aspirar a un sistema más justo en términos de reparto equitativo de la carga fiscal, actualmente excesiva e injustificablemente sesgado hacia la tributación de los salarios. Pero quizás la necesidad más imperiosa de todas es el establecimiento de un marco fiscal homogéneo y estable para comunidades autónomas y ayuntamientos, en el que no tengan cabida los acuerdos bilaterales con el Estado que tienden a quebrar la neutralidad territorial del sistema, y que, de paso, se plantee acabar con los privilegios fiscales de vascos y navarros.