LA delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, expresó ayer su voluntad de ser contundente en la salvaguarda de la seguridad de los vecinos de Estepa frente a la delincuencia y apeló al mantenimiento de la tranquilidad y el respeto a la ley en la manifestación de sus reivindicaciones. El llamamiento viene a ser la respuesta oficial a los graves incidentes acaecidos en esta localidad sevillana el pasado fin de semana, cuando cientos de estepeños, autoconvocados a una manifestación ilegal, marcharon hacia las viviendas de varias familias de etnia gitana a las que atribuyen numerosos robos en casas y comercios del pueblo, incendiando algunas de ellas y apoderándose de objetos aparentemente robados por sus moradores, que habían huido previamente. Siete de estos vecinos han sido imputados y han tenido que declarar en el cuartel de la Guardia Civil por su presunta participación en estos hechos condenables, en tanto que dos de los supuestos ladrones han sido enviados a prisión. Los manifestantes ilegales han pretendido imponer el ojo por ojo y tomarse la justicia por su mano por considerar que las autoridades no han reaccionado a tiempo contra la actividad de las familias agredidas, que han provocado una situación de inseguridad en el pueblo con sus constantes asaltos a la propiedad ajena y su instalación en la marginalidad. Los responsables del orden de las distintas administraciones no han sido diligentes en la prevención y el castigo de los delitos, sin que quepa argumentar que los índices delictivos de Estepa sean inferiores a la media provincial, ya que en muchos casos las víctimas no están dispuestas a denunciar por temor a las represalias. Se puede consolidar así cierta sensación de impunidad que habría llevado a los vecinos a la algarada violenta, a la que no puede vincularse sin más a una actitud racista, puesto que su reacción no tiene que ver con el origen étnico de los delincuentes, sino con la inseguridad que han creado. Al mismo tiempo, es imprescindible que las exigencias de seguridad del vecindario se vehiculen por los procedimientos ordinarios y se presione a la autoridad dentro de los cauces legales, sin que sea admisible un comportamiento incívico y agresivo cuyos efectos, aunque dramáticos, podrían haber derivado en tragedia. No se puede reivindicar el respeto a la ley quebrantando la ley, es así de sencillo. La vigilancia especial que antes ha faltado y la continuación de los procedimientos judiciales en curso han de ser los únicos mecanismos para la vuelta a la normalidad y la recuperación de la convivencia. Como dice Crespo: garantías de seguridad ciudadana para todos los vecinos, respeto a la ley y tranquilidad.