En cuestión de pocos meses Sevilla se ha quedado sin los dos referentes de su política municipal. Los dos partidos con posibilidades reales de gobernar la ciudad han puesto en marcha operaciones para sustituir a sus candidatos a la Alcaldía. En el caso de los socialistas, Juan Espadas parece ya plenamente centrado en su tarea de abandonar el Ayuntamiento para situarse en la carrera por el liderazgo regional de su partido y optar a presidir la Junta de Andalucía. En el PP, la guerra interna abierta en la provincia va a apartar de la primera fila a Beltrán Pérez para ser sustituido por otro candidato más del gusto de la presidenta del partido en Sevilla y del secretario general nacional, Teodoro García Egea. Aunque ello suponga que el recambio, José Luis Sanz si todo marcha como está previsto, sea un reconocido rival del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Cosas de las tensiones internas de los partidos que no deben sorprender a estas alturas, aunque sí abre una vía de reflexión que entronca con el deterioro que ha sufrido la política española en los últimos tiempos.

La primera conclusión que cabe extraer de todo esto es que los intereses de la ciudad se supeditan a las estrategias y tensiones de los partidos. Ni en el caso del PSOE ni en el del PP las decisiones de cambio tienen nada que ver con los problemas de Sevilla ni con las soluciones para arreglarlos, sino con las guerras de sillones en las que están permanentemente sumidos los partidos y a lo que dedican casi todas sus energías. ¿Le conviene ahora mismo a la ciudad sustituir a su alcalde o al portavoz de la oposición? Nadie parece que esté pendiente de eso. Las cosas van por otro lado.

También van por otro lado en la Junta de Andalucía, donde el runrún de un posible adelanto electoral empieza a escucharse cada día con un poco más de fuerza. No hay ninguna razón objetiva en Andalucía que amenace la estabilidad del Gobierno de Juanma Moreno ni su capacidad de completar la legislatura, como es su obligación estatutaria y constitucional. Si finalmente se hace será como una operación de laboratorio de partido que tomará en consideración las fortalezas de unos y las debilidades de los otros y no porque se estén protegiendo los intereses de los andaluces.

Asistimos en los tres casos a la constatación de cuáles son las prioridades a la hora de tomar decisiones que terminan repercutiendo en la vida de los ciudadanos. Pero visto lo visto en la campaña electoral que hoy termina en Madrid, en los plenos del Congreso de los últimos meses o en alguna que otra sesión del Parlamento andaluz lo extraño sería lo contrario. Todo es fruto de lo mismo: la política es cada vez menos una actividad de servicio a la comunidad y cada vez más un escaparate personalista para ambiciosos de poder. Mal asunto.