muñoz

ALAYA cambió su criterio con el abogado Carlos Leal Bonmati, responsable del bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís, al que recientemente dejó en libertad bajo fianza de 150.000 euros. Sólo unas semanas antes, la juez había impuesto una fianza de 600.000 euros al dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, que permanece en prisión al no haber podido reunir esta cantidad.

Algunas fuentes defienden la decisión de Alaya por la diferente participación de uno y otro en la trama de los ERE, pero lo cierto es que si se examina el auto de la juez Alaya su decisión resulta aún más controvertida. ¿Por qué? Porque Alaya sostiene que Carlos Leal dirigía a través de su bufete un auténtico "centro de lavado" de las comisiones del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, a cuyas empresas Estudios Jurídicos Villasís llegó a pagar 1,1 millones de euros con "facturas falsas por servicios inexistentes". En sólo seis años, Villasís habría recibido además 3,7 millones de la mediadora Uniter y además la instructora atribuye a Carlos Leal la inclusión de 20 intrusos en las pólizas de los ERE, en connivencia con Lanzas y el ex director de Trabajo Javier Guerrero.

¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Hay quien apunta a que lo sucedido guarda relación con la actitud de colaboración que aparentemente Carlos Leal habría mantenido en su declaración ante la juez, quien no obstante en un momento dado le reprochó que le estaba "mintiendo descaradamente". De hecho, desde esta perspectiva el abogado le habría servido a Alaya en bandeja de plata la cabeza del ex consejero de la Presidencia y ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, con sus revelaciones respecto al supuestamente inusitado interés de éste en solucionar los problemas de la empresa Primayor Foods -la antigua Cárnicas Molina, una de las primeras empresas donde se implantó el sistema de las prejubilaciones y las pólizas financiadas por la Junta- y el para nada rentable acuerdo con las empresas vinculadas a la familia Ruiz Mateos, como el caso de Dhul que recibió una subvención de 15 millones de euros para montar una planta de elaboración de tortillas, platos preparados, ensaladillas y zumos, en la que se pretendía colocar a los 145 trabajadores que se habían quedado sin empleo por la crisis de Primayor.

Pero, ¿sólo con la declaración de Leal la juez puede imputar a Zarrías? Lo cierto es que únicamente con su testimonio serían unos indicios muy endebles para sostener la imputación, pero Alaya cuenta además con el testimonio del que fuera chófer del ex director general de Trabajo, quien afirmó que Zarrías habría llamado a Guerrero para incluir a varios intrusos en los expedientes de prejubilaciones financiadas por la Junta. Aun salvando la credibilidad de este testimonio del chófer de la coca, lo cierto es que Alaya ha demostrado en anteriores ocasiones -como ocurrió con la imputación de Antonio Rivas en el caso del cohecho de Mercasevilla- que no necesita ni muchos ni muy sólidos indicios para sentar en el banquillo de los acusados a un político.

Otra cosa distinta es que, a juicio de la instructora, no haya llegado el momento de dar el salto e imputar a personas aforadas, porque hasta ahora la magistrada está sorteando decididamente la imputación de cualquier persona que tenga esta condición y que, en ese caso, le haría perder la competencia de la instrucción en favor de un Alto Tribunal. Quizás la declaración prevista para finales de este mes del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez pueda hacer también que Alaya cambie de criterio. Pero esa es otra historia...