MÁS de dos años ha estado bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por culpa de los vetos mutuos que los dos partidos mayoritarios han venido imponiendo a sus respectivos candidatos. Dos años en los que los consejeros salientes han prorrogado sus funciones más allá de lo que marca la ley y en los que la institución que gobierna y organiza a los jueces no ha parado de deteriorarse, corroída por el sectarismo y la politización extremos.

Finalmente, los portavoces socialista y popular, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, han ultimado un acuerdo que, una vez ratificado por el Congreso y el Senado, permitirá la entrada de un nuevo Consejo, básico para la organización de -nada menos- uno de los tres poderes del Estado. Aunque en menor grado que otras veces, los dos partidos han recaído en el pecado original de incluir como vocales a juristas muy vinculados a las organizaciones proponentes. No sólo PSOE y PP: CiU y PNV llevan al Consejo a sendos militantes suyos que han sido diputados o han ocupado otros puestos relevantes.

No es necesariamente malo que un magistrado que milite/ simpatice en/con un partido democrático llegue a formar parte del Poder Judicial si su trayectoria y prestigio le hacen acreedor del cargo. El problema es que, una vez nombrado, siga actuando en función de su militancia o simpatía y no termine de creerse la independencia que se ha de exigir a sí mismo en esa nueva etapa.

Es lo que suele ocurrir aquí. Normalmente criticamos que los partidos elijan preferentemente a jueces de su cuerda, pero ¿qué me dicen de los señores jueces que aceptan sin más que se hable de ellos como hombres y mujeres "del PSOE" o "del PP"? ¿Qué hemos de pensar del hecho de que, a lo largo de todo su mandato, se sepa de antemano qué van a votar en cada conflicto con tan sólo recordar qué partido propuso su nombramiento? Mientras ellos mismos no antepongan la lealtad a un Poder Judicial obligado a la independencia por el texto constitucional a la lealtad a quien les promovió no pueden esperar que los ciudadanos confiemos en ella. Su propia dignidad les debería prohibir hacer dejación de esta autoexigencia.

No se trata de que se despojen de su ideología y sus convicciones desde el minuto uno de su elección como miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sería absurdo, imposible salvo desde la hipocresía. Se trata de que, ya desde el minuto uno, sean conscientes de que han pasado a gobernar orgánicamente la Justicia del país y no pueden ser correa de transmisión de nadie. Ni siquiera parecer que lo son. Se deben sólo a su conciencia y a la ley.