LA Fiscalía del Estado abrirá una investigación sobre el Banco de España a raíz de un informe de la Asociación de Inspectores que denunciaba que cuando hallaban indicios de delito en su trabajo sobre las entidades financieras los responsables del Banco los ignoraban. Aunque no existe ningún dato concreto, es lógico que el fiscal general se interese por averiguar la verdad, dada la gravedad de la acusación y la identidad de los acusadores, técnicos cualificados de la institución supervisora. Es de destacar que los propios directivos del Banco de España han anunciado una reforma de sus mecanismos de vigilancia bancaria, entre cuyas medidas se incluye el envío de inspectores a los dieciséis bancos y cajas de ahorros más relevantes del sistema financiero español. Quiere ello decir que, aun negando que en el pasado se haya hecho la vista gorda ante la existencia de indicios de delito en el sector financiero, los gestores del Banco de España parecen conscientes de la necesidad imperiosa de mejorar los instrumentos de supervisión que tan trascendentales resultan para controlar el funcionamiento del sistema bancario. El nuevo método de funcionamiento implicará, según el actual gobernador, Luis Linde, una corrección temprana de las anomalías detectadas en los bancos, de modo que se activen de forma automática actuaciones cada vez más coercitivas. El objetivo es, claramente, evitar el deterioro progresivo de las entidades e impedir un hundimiento como el que se ha padecido, que ha llevado a un rescate europeo y un coste elevado para los ciudadanos.