DURANTE los años de la transición se popularizó la idea de que por fin España recuperaba la democracia, gracias a que se cumplía la máxima de "un hombre, un voto". Hoy esto se calificaría de machista, propio de los tiempos anteriores a la Segunda República, pues lo correcto sería decir "un hombre y una mujer, un voto cada uno y cada una". Pero para ser exactos, debería reformularse en los siguientes términos: "un hombre o una mujer es un voto o no, dependiendo del lugar donde esté la urna".

Ya se han comentado por activa y por pasiva los resultados del 9-M, pero quiero insistir en un dato pintoresco: Izquierda Unida, pese a su debacle, es la tercera fuerza política de España en número de votos (963.040) y en porcentaje (3,80%), pero es la sexta en reparto de escaños, con apenas 2. Se ha dado el caso de que Convergencia i Unió, con menos votos (774.317) y porcentaje (3,05%) tiene 11 escaños, es decir que la quintuplica en representación. PNV y ERC, con menos de un tercio de los votos que obtuvo IU, también la superan en diputados (con 6 y 3, respectivamente). Incluso la iguala Coalición Canaria, que tiene 2 escaños, con 164.255 votos (casi seis veces menos que IU).

No hace falta ser Pitágoras para entender que falla algo. ¿Un hombre, un voto? La vieja máxima se incumple. Y no es por pucherazo, ni por trampas, sino por culpa de los padres de la patria que eligieron la Ley D'Hondt, actual normativa, en base a unos criterios que en teoría priman al partido más fuerte, pues se puede conseguir la mayoría absoluta con menos de la mitad de los votos, como Chaves en Andalucía, que la tiene con el 48,13%. Pero sobre todo beneficia de forma flagrante a los nacionalistas del País Vasco y Cataluña. Al elegir la provincia como universo para el reparto de escaños, estos partidos se ven beneficiados de su implantación en unas circunscripciones concretas, como es el caso de CiU en Barcelona, para condicionar a todo el Estado, incluidas las provincias donde no representan a nadie.

La esencia de la democracia queda así relativizada. El peso político de CiU, ERC y el PNV es muy superior al que tendrían si un hombre o una mujer valieran un voto en toda España; es decir, si el escrutinio se hiciera a nivel global del Estado. En tal caso ocurriría lo mismo que en las elecciones al Parlamento Europeo, únicas que siguen esta norma, cuando los nacionalistas vascos y catalanes deben aliarse con los más extraños grupos para que también los voten en Fago, Villanueva de la Serena, o Quintanilla de Onésimo.

Esto no ha pasado por vez primera. Lo llamativo es que el PSOE y el PP no busquen un acuerdo para cambiar la legislación electoral y conseguir que un votante valga igual en toda España.