UNA amiga que tiene a su hija en un colegio religioso de Málaga me contó no hace mucho que la directora, una monja con autoridad y prestigio, tuvo que emplearse a fondo en una reunión de padres para convencer a un grupo minoritario de las bondades de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La directora no veía ningún problema en esa materia y el Tribunal Supremo, tampoco. Educar a los jóvenes españoles en el respeto a los principios democráticos, la convivencia, los derechos y libertades fundamentales es una obligación del Estado. Por mandato constitucional.

El artículo 27.2 de la Constitución dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana de los alumnos en los valores democráticos. El siguiente, el 27.3, es el esgrimido por los objetores a esta asignatura, a quienes dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo del año pasado. Ese artículo dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. El segundo punto está limitado por el primero. Porque si un musulmán fundamentalista exige en la escuela que su hija vaya con un burka y no se mezcle con hombres, incluso decide que le practiquen la ablación del clítoris, de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, el Estado debe impedirlo. Así que convengamos que el artículo 27.3 tiene límites. La dignidad de las personas, los valores constitucionales, la ley son un límite preciso.

El Tribunal Supremo, por aplastante mayoría de 22 a 7, ha dictado una sentencia histórica. Los magistrados han empleado 20 horas para deliberar, han analizado la redacción de la ley, incluida la letra pequeña; también los libros de texto. Y han decidido que no es un adoctrinamiento malicioso, y que tampoco lesiona el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. De hecho, el adoctrinamiento de niños y jóvenes españoles en la religión católica ya se da masivamente en la España de hoy, incluso en colegios privados financiados con fondos públicos. Sin problema.

Pero para parte de la jerarquía de la Iglesia y para el lado más derechista del PP el hecho de que esta nueva asignatura presente el matrimonio homosexual en plano de igualdad con el heterosexual es una aberración intolerable. Ese es el origen de esta operación de acoso al Gobierno que en su segundo episodio judicial se salda con una derrota de los tradicionalistas. Como anuncian nuevos recursos al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos habrá ocasión de seguir tratando el asunto. Es una de las ventajas del sistema de libertades que hay que enseñar en la escuela. Afortunadamente.