CONFORME se ha desplegado el Estado de las autonomías los gobernantes territoriales se han venido arriba. Más de la cuenta: no sólo pelean por hacerse con más poder, aun a costa de deshuesar al Estado de todos, sino que también se ponen gallitos ante leyes y disposiciones sobre las que carecen de competencia legal, tratando de adaptarlas a su criterio, filtrarlas según su voluntad e incluso boicotearlas en la comunidad que controlan.

Hacer rancho aparte en sus dominios es una tentación muy grave a la que sucumben esos presidentes de comunidades autónomas que desobedecen las leyes que obligan a todos, en clamoroso olvido de que no son los dueños de un cortijo sino los máximos representantes del Estado en su territorio. Con deslealtad institucional y política inaceptable y desahogo impropio de sus cargos, deciden que si lo que otros órganos legales tan legítimos como ellos aprueban no les gusta sabotean su aplicación y santas pascuas.

Así hemos visto a Esperanza Aguirre esquivando, mediante reglamento, la plena entrada en vigor de la ley contra el tabaco en la Comunidad de Madrid. Hemos visto a la misma Madrid y otras comunidades frenando el desarrollo de la ley de dependencia en sus respectivos ámbitos. Hemos visto a Francisco Camps burlando la asignatura de Educación para la Ciudadanía mediante el esperpento de dictar que en la Comunidad Valenciana se impartiera en inglés. Y estamos viendo a José Montilla convocando una manifestación de rechazo al organismo creado por la Constitución -la que él prometió defender y gracias a la cual es presidente de Cataluña- para vigilar que todas las leyes, y también los estatutos de autonomía, respeten el texto constitucional.

Ahora ha entrado en vigor la ley del aborto, y ya varios virreyes autonómicos anuncian trabas y dificultades para que se aplique en sus ámbitos. Ninguno ha llegado tan lejos como el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, para quien no hay razones para que los murcianos acaten esa ley "porque todavía no está en su punto y final". ¿Cómo que no hay razones? Hay una sola razón, si quiere Valcárcel, pero fundamental: que la ley ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, firmada por el Rey y publicada por el Boletín Oficial del Estado. Han de cumplirla todos los españoles, y más que nadie, las autoridades. Un presidente regional no puede declararse insumiso cuestionando la soberanía que le permite a él ser presidente. Así de fácil. Y si lo que ha querido decir con lo del "punto y final" es que se ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la ley mientras resuelve el recurso en contra presentado por el PP, la respuesta es: mientras el TC no decida, la ley está vigente. Se lo tuvo que recordar ayer al murciano Soraya Sáenz de Santamaría, su jefa.