Nueve meses después de que el Gobierno central aprobase el Bono Alquiler Joven, Andalucía es la única comunidad autónoma de España en la que los posibles beneficiarios- unos 5.000 en esta convocatoria- aún no pueden solicitar los 250 euros de ayuda mensual para pagar el alquiler. Una subvención por un periodo de dos años y a la que pueden aspirar los menores de 35 años que perciban una renta inferior a 24.300 euros anuales. El problema, en este caso, no es el dinero. El Ejecutivo autónomo ya dispone de más de 25 millones de los 34 que se le asignan para el programa en 2022. Alega la Junta que el retraso se debe a su incapacidad para gestionar el volumen de peticiones que espera recibir y a la necesidad de dotarse de herramientas informáticas, que no se le han proporcionado. La Administración andaluza promete recuperar el terreno perdido y abonar el dinero con carácter retroactivo. Esperemos que sea así. El proceso burocrático para solicitar la ayuda, que ya se ha publicado en la web, también anticipa complicaciones ante los trámites que deberán completar los aspirantes. Estamos ante un asunto suficientemente serio para no escudarse en justificaciones de manual. La Junta prometía en marzo de 2021 reforzar la transversalidad de sus políticas en varias de sus consejerías para mejorar la tasa de emancipación. Un estudio de la Universidad de Loyola la situaba entonces en el 14%, la más baja de España. Una de las peticiones de aquel trabajo se ocupaba justamente del obstáculo que representa para este segmento de población el alquiler o la compra de una vivienda. El escenario no ha variado, en agosto pasado, el observatorio que aborda estas dificultades colocaba, de nuevo, a la región a la cola del país. El 30% de los que habían conseguido independizarse era gracias a una vivienda heredada o cedida. El Gobierno andaluz que tanto presume de anticipación debe dar más muestras de su interés y de su eficiencia en estas políticas.