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Ataque a la separación de poderes

Lo que quiere el 'Parlament' es decirle a los jueces a quién pueden enviar a prisión y a quién no, algo del todo inadmisible

La sesión de ayer en el Parlamento autonómico de Cataluña sirvió, una vez más, para observar cómo los independentistas han convertido esta Cámara en un mero instrumento de la causa soberanista, obviando algunos de los principios más elementales del parlamentarismo, como son el respeto a las leyes, a los adversarios políticos y a la separación de poderes. Gracias a la renovada alianza de los tres partidos que han liderado el malogrado procés, y que siguen empeñados en incendiar Cataluña en su carrera hacia ninguna parte (ERC, JxCat y CUP), el Parlament aprobó dos resoluciones en las que se pide la libertad de los políticos encarcelados preventivamente por orden del Tribunal Supremo y el "derecho" de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull a ser investidos presidentes de la Generalitat. Es decir, lo que quiere la Cámara autonómica es decirle a los jueces a quién pueden enviar a prisión y a quién no, algo del todo inadmisible en una democracia parlamentaria como España.

La separación de poderes, principio ya desarrollado por Montesquieu en el siglo XVIII y columna vertebral de cualquier sistema democrático, sirve para levantar un sistema de controles, de competencia y vigilancia mutua que evita que una sola institución se haga con todo el poder y, por tanto, se pueda caer en la tiranía. Así, el Ejecutivo tiene encomendada la misión de gobernar, el Legislativo (parlamentos y senados) la de hacer las leyes, y el Judicial la de administrar la justicia. El respeto entre estos tres poderes es fundamental para que una democracia funcione como tal, algo que ayer obvió el Parlamento de Cataluña al permitirse decirle al poder Judicial cómo debe actuar en el proceso abierto contra los líderes de la intentona separatista. Poniendo dos ejemplos, es como si el Tribunal Supremo sacase un auto indicando al Gobierno cómo debe negociar con Gran Bretaña las cuestiones relativas al Brexit y Gibraltar, o diciéndole al Parlament qué leyes debe elaborar para evitar la violencia de género.

El bloque independentista se retrató de nuevo ayer y dejó ver sus importantes carencias democráticas. Ya lo demostró cuando decidió saltarse el ordenamiento constitucional y su propio reglamento durante las aciagas jornadas de octubre, que desembocaron en la declaración unilateral de independencia. Ahora, lejos de rectificar, de respetar las leyes y la separación de poderes, los soberanistas vuelven a atacar los fundamentos mismos de esa democracia que dicen defender tanto.

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