Las nuevas restricciones de Sanidad para la hostelería han supuesto otro duro enfrentamiento entre el Gobierno central y algunas autonomías, la mayoría, aunque no todas, gobernadas por el PP. Más allá de las cuestiones técnicas -que son las esgrimidas por las comunidades que se niegan a aplicar dichas restricciones- y del evidente trasfondo político del encontronazo, este enfrentamiento entre los ejecutivos central y regionales merece una reflexión, pues vuelve a demostrar algo que ha estado presente en toda la pandemia: las disfunciones que genera un sistema territorial como el nuestro, en el que aún no están muy claras cuáles son las competencias en determinadas circunstancias de alarma como la que vivimos. Parece claro que el sistema autonómico necesita de una segunda cocción y que se debería abrir un periodo de reflexión y debate (sereno y bienintencionado, por supuesto) para establecer muy claramente cuáles son las funciones y competencias de las distintas administraciones que componen el Estado en situaciones de emergencia. Por desgracia, cuestiones como el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, el regreso de las enfermedades infecciosas o el todavía amenazante terrorismo global, hacen que no sea muy descabellado pensar que podemos encontrarnos ante crisis importantes en las próximas décadas. El Gobierno Sánchez ha sido el que más ha alimentado esta confusión actual, en gran medida porque ha ejercido o delegado el poder según le iba conviniendo en cada momento, generando un desconcierto en los gobiernos territoriales. Esto no significa que no sea censurable la actitud de algunas comunidades, especialmente la de Madrid, que se ha convertido en el principal frente del PP para desgastar al Ejecutivo de izquierdas. En cualquier caso, urge aclarar legislaciones para que el futuro no se repitan unos conflictos que los ciudadanos no entienden.