El Congreso de los Diputados tiene convocado para la próxima semana el debate de totalidad del proyecto de ley de amnistía, a la que PP y Vox han presentado dos enmiendas a la totalidad. En la suya, los populares han introducido una reforma del Código Penal que prevé la ilegalización de partidos políticos que proclamen la independencia o convoquen referéndums fuera de la ley. Este asunto no es nuevo, porque se debatió en profundidad con motivo de la Ley de Partidos y la posterior ilegalización de Herri Batasuna. Ya se vio, entonces, la dificultad de limitar los derechos fundamentales de la Constitución, un extremo que se solventó en esa ocasión por la conexión palpable de este partido con una organización terrorista con cientos de muertos a sus espaldas. No es el caso actual. El proyecto de ley de amnistía debe ser contestado en varias sedes judiciales –entre éstas, el Tribunal Constitucional y el de Justicia de la Unión Europea–, por lo que el PP no debería perder de vista cuáles son los instrumentos reales para intentar tumbar el proyecto. La apertura de otros debates, como la ilegalización de partidos, sólo ayuda a perder el foco con temas que, además, han sido introducidos por formaciones como Vox. De la enmienda a la totalidad del PP sí es de destacar la creación del delito de deslealtad constitucional que vendría a llenar el vacío de la supresión del delito de sedición. Esto último fue una concesión anterior del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas, otra medida de gracia encubierta por cuanto hacía desaparecer el delito por el que fueron condenados los dirigentes del procés en el Tribunal Supremo. Sí es necesario castigar por sus actos a quienes, como se hizo en 2017, proclamen la independencia de parte del territorio o convoque una consulta ilegal, pero las responsabilidades penales son individuales, no colectivas. El hecho de que el PP haya tenido que matizar su propuesta da cuenta del error de la dispersión.