La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta acaba de lanzar una grave acusación contra el Gobierno central. Le atribuye la asignación de partidas con cargo a los Next Generation, las ayudas aprobadas por la Unión Europea para la recuperación económica tras la pandemia, para ejecutar proyectos en unas líneas y sectores que "no interesan a Andalucía". Ha sido la viceconsejera Amelia Martínez la que ha dado la voz de alarma. Además, la alto cargo del Gobierno andaluz se queja de que las iniciativas se fijaron con los precios de 2019, sin contemplar que el IPC se ha disparado, y obliga a que los beneficiarios asuman el 21% del IVA. La Junta argumenta que no se ha consultado para ver cuáles eran las necesidades reales de la región y deriva al marco de los fondos Feder del periodo 2021-2027 como el dinero europeo que sí posibilitará la transformación que necesita Andalucía. Un volumen superior a los 5.535 millones de euros, que gestionará directamente el Ejecutivo andaluz. "La gran oportunidad", en palabras de Martínez, quien aboga por diseñar junto a los empresarios un marco de actuaciones en sectores estratégicos para invertir esa lluvia de millones. Pero al margen del respaldo que merece ese sistema para decidir el reparto, primero hay que pedirle al presidente Juanma Moreno y a su equipo que precise el alcance de esas acusaciones sobre los Next Generation. Debemos conocer con ejemplos concretos a dónde ha destinado el dinero la Administración central y el porqué de su posible inutilidad. Hace apenas unas semanas, la consejera de Agricultura se felicitaba porque había conseguido de su homólogo en Madrid una reprogramación de esas partidas para asignarlas a obras contra la sequía. Un camino que debe explorarse más si hay certeza de que se evitarán errores. El futuro en juego es crucial como para despacharlo con otro cruce de reproches entre gobiernos, aunque esta vez se utilice como rehén el dinero europeo.