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La Junta toma partido por el taxi

Limitar el acceso de los VTC a las zonas de "alta demanda" va contra la lógica de los intereses de la mayoría de los ciudadanos

De cómo se solucione el conflicto abierto entre el taxi y los VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) dependerá en gran parte el futuro del transporte público en las ciudades contemporáneas, especialmente en las de gran población. Por eso es importante que las administraciones encargadas de mediar en dicho conflicto tengan en cuenta que toda regulación debe ir encaminada a facilitar la movilidad de los ciudadanos, haciéndola lo más ágil, rápida, sostenible y barata posible. Tanto el taxi como los VTC tienen derecho a plantear sus posiciones y a defender sus intereses, pero son las administraciones las que deben velar por el bien común. No es lo que está haciendo la Consejería de Fomento, dedicada en estos días a elaborar una serie de medidas para la ordenación y la modernización del sector". En un comunicado, la Junta asegura que tiene casi lista una batería de propuestas para tal fin. Entre las más importantes destaca la de limitar la actividad de los VTC en ciertos lugares de "alta demanda", por lo que los conductores autónomos que trabajan para plataformas digitales como Uber o Cabify "no podrán estar estacionados con la aplicación abierta y sin servicio precontratado en el interior de dichas zonas". Es decir, lo que está haciendo la Junta de Andalucía es entorpecer -de manera burda y contraria a los intereses de los ciudadanos- el trabajo de los VTC y favorecer los del taxi. Se puede decir que en este asunto la Administración autonómica andaluza está tomando claro partido por el taxi.

Sobre todo, llama la atención que en una zona calificada como de "alta demanda" se pongan trabas al acceso de las VTC y se les haga perder operatividad y agilidad con medidas como "la limitación de la geolocalización de los vehículos previa a la contratación". Sencillamente, lo que pretende la Junta de Andalucía es, contradiciendo el espíritu liberal que debería informar sus políticas concretas, poner trabas para que en nuestras ciudades se implanten sistemas de movilidad modernos y desregulados, propios de las comunidades abiertas. La Consejería de Fomento hace muy bien en preocuparse por los problemas de los taxistas, y debe orquestar fórmulas para que estos pequeños empresarios puedan afrontar los nuevos tiempos que se están inaugurando de forma no traumática. Pero esto no debe hacerse nunca sacrificando los intereses de la mayoría.

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