La crisis de las vacunas: que hable la Justicia

El caso de las vacunas ya está ante la Fiscalía, que es la que debe decidir si se cometió algún tipo de irregularidad

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado la presentación hoy ante la Fiscalía de una denuncia para que se investigue el presunto fraude de las vacunas de la gripe por parte de los anteriores gobiernos socialistas. Según se lleva denunciando en los últimos días por parte del Gobierno andaluz, los ejecutivos del PSOE falsearon la estadística de vacunación de la gripe en un millón de personas y, entre 2009 y 2019, se "perdieron" 1,8 millones de dosis, valoradas en seis millones de euros. El mismo portavoz de Gobierno y hombre fuerte de Juanma Moreno, Elías Bendodo, llegó a decir que las administraciones socialistas "mintieron" al Gobierno central al decir que habían vacunado a un millón de andaluces "más de la cifra real".

Estamos, evidentemente, ante unas acusaciones extremadamente graves. Por lo tanto, hace bien el consejero de Salud en acudir a la Justicia, que es la que tiene que investigar y determinar si hubo algún tipo de irregularidad o ilegalidad en las campañas de vacunación de la Junta. Sobre todo porque hay versiones que desmienten las acusaciones del Gobierno andaluz. Como publicamos hoy en este periódico, hay indicios claros de que todo se puede deber a un error en la información del consejero de Salud. De hecho, según el que fuese durante años el subdirector general de Farmacia, Antonio Peinado -que también ejerció el cargo con el actual Gobierno-, la diferencia entre el número de dosis de vacuna que compra la Junta cada campaña y las vacunaciones registradas en el sistema informático del SAS se debe a que muchas de las dosis se envían a otros centros ajenos a la Consejería, pero donde hay servicio médico o de enfermería que realiza los pinchazos (un cuartel de Bomberos o de la Policía, por ejemplo), por lo que no se registran en dicho sistema informático. El Gobierno, sin embargo, sigue insistiendo en sus tesis.

¿Estamos ante un enorme fraude cometido con el dinero público que debería destinarse a la salud de los andaluces o ante una simple y sonrojante metedura de pata del consejero de Salud alimentada por el propio Elías Bendodo? Esto es lo que tendrá que decidir la Justicia en los próximos tiempos.

Lo importante es que el caso ya está en las manos adecuadas y que su solución no debe entrañar demasiadas dificultades.

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