La Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como la del "sólo sí es sí", ha comenzado a aliviar las penas de condenados por casos de abusos sexuales. El Gobierno estaba avisado. El informe que el Consejo General del Poder Judicial presentó durante la tramitación de la ley ya advertía de que era posible que se produjese la desprotección de las víctimas. De hecho, el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también señaló la mala calidad de la ley, lo que valió que Pablo Iglesias le llamase "machista frustrado". Lo cierto es que, tanto esta ley del sólo sí es sí, como la llamada ley trans -ésta, en tramitación- son textos de una calidad jurídica baja, por lo que es posible que se produzcan estos efectos perversos. Es obvio que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero no quería rebajar las penas a los abusadores, sino todo lo contrario, pero tuvo que hacer caso de quienes le advertían de las fallas. Más rechazable es que Montero y la delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, estén culpando de machistas a los jueces y fiscales que están admitiendo los recursos. El problema de la ley es que, al unir los delitos de abusos y agresión, establece una horquilla más amplia, donde las penas menores son más bajas. El Código Penal establece en su artículo 2.2 que los presos se podrán acoger a las reformas de los tipos por los que han sido condenados si el tiempo de la pena resulta más corto. Esto es lo que ha ocurrido en tres casos en la Audiencia de Madrid, pero se esperan cientos de reclamaciones. Una disposición adicional transitoria en la ley podría haber corregido este efecto, aunque no del todo. El Gobierno de Pedro Sánchez, por boca de la ministra María Jesús Montero, ha abierto la opción de una reforma. Es poco probable. La Fiscalía General sí puede aliviar el defecto con una circular para coordinar a todos los titulares. No obstante, la chapuza es mayúscula, es un asunto tan sensible que merecería la asunción de responsabilidad política.