España está en peligro, en gravísimo peligro. Y no es por la DANA, ni por el cambio climático, ni por las indecencias de Rubiales. España está en peligro por las frivolidades de los distintos grupos políticos que, habiendo obtenido unos resultados decepcionantes en las últimas elecciones generales, están construyendo una “coalición de perdedores” para iniciar el proceso de deconstrucción del Estado Constitucional Español. Con tal de permanecer en el  Gobierno de la Nación, o de acceder a dicho Gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez, la Sumar de Yolanda Díaz, el PSC de Salvador Illa y Miquel Iceta (el PSC es un partido independiente del PSOE), la Bildu de Otegui, y los ERC y Junts, de Junqueras y Puigdemont, con el estrambote del PNV de Ortúzar y Urkullu, están avanzando en la preparación de acuerdos dirigidos a lograr cada uno sus respectivos fines, cada uno con sus diferentes programas y cada uno con sus diversas promesas a los electores españoles.  

De entre las propuestas planteadas, destacaría tres: la petición de amnistía para los condenados judicialmente por el procès catalán; la solicitud de un procedimiento bilateral para la financiación catalana; y la exigencia de legitimar el derecho de autodeterminación. Parece que a ninguno de ellos les importe España, y menos aún la España Constitucional. Lo más evidente que tienen todos en común es que están dispuestos a jugar a lo que sea para aposentarse en los centros de decisión, aunque ello produzca la  deconstrucción de España. 

Porque, desde mi punto de vista, estamos ante las primeras escalas de un proceso consciente de deconstrucción del Estado Constitucional español.  

Por una parte, la exigida amnistía supondría, como bien ha dicho Felipe González, considerar represores a la Constitución, a los Tribunales y a sucesivos gobiernos de España. O lo que es lo mismo: supondría  ciscarse en la Constitución, en las leyes, en la democracia representativa y en uno de los poderes básicos del Estado: el Poder Judicial.  

En segundo lugar, la amnistía no está recogida en la Constitución porque los constituyentes, conscientemente, votaron en contra de que se recogiera. Se presentó una enmienda en tal sentido -por parte de Tierno Galván y de Raul Morodo- y fue desestimada unánimemente por la Ponencia Constitucional. Y lo que no está recogido en la Constitución no está permitido. Podría estar -como lo está en Portugal-, pero no está. Aplicar la Amnistía supondría, pues, una condena moral y política de la propia Constitución. 

Para que la amnistía fuera posible sería necesario reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución -cosa que es posible- sería necesaria la votación de todos los españoles. El que quiera amnistía, que promueva una convocatoria para todos los españoles, incluyendo a catalanes y vascos, incluso. 

En lo que se refiere a la financiación especial, cualquier modificación del sistema vigente -a excepción de los discriminatorios regímenes forales vasco y navarro- debería ser discutida, en conjunto, entre todas las Comunidades restantes de España. Negociar aparte con Cataluña supondría una vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles y de solidaridad entre todas las comunidades autónomas, recogidos en los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución. 

Finalmente, en lo que se refiere a la autodeterminación, tampoco tiene cabida en la Constitución. Hubo un intento de incorporarla, pero fracasó. De hecho, en mayo de 1978, el vasco Francisco Letamendía presentó y defendió una enmienda en tal sentido, que sólo consiguió 5 votos a favor, 268 en contra, incluidos los diputados del PNV, y 11 abstenciones. Los diputados y diputadas padres y madres de la Constitución rechazaron expresamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación, incluidos los miembros de la entonces existente Minoría catalana, antecedente de la actual Junts per Catalunya. Fue Trías Fargas, en representación de dicha Minoría Catalana,  quien llegó a decir que “nosotros ya nos hemos autodeterminado. Nosotros somos partidarios de esta Constitución, que hemos votado y votaremos hasta el final, y somos partidarios de la autonomía y de los estatutos que este Parlamento, en su momento, votará, y de nada más, absolutamente nada más. Y nuestra autodeterminación nos lleva a este resultado y sólo a este resultado”. 

Desde Cataluña y desde el País Vasco, en 1978, se votó en sede parlamentaria española, explícita y muy mayoritariamente, pues,  en contra de la autodeterminación. Quien quiera autodeterminación tendrá que proponer la reforma de la Constitución y someterla al voto de todos los españoles. 

Entre esos españoles estamos los andaluces, quienes ayudamos a conseguir un  desarrollo del  modelo territorial español equitativo para todos los españoles, y no sólo para nosotros. Pues bien, pienso que es llegado el momento de que, ahora también, los andaluces defendamos a España, porque defendiendo España defendemos a Andalucía y a todos nuestros compatriotas. Como dice el lema de nuestro escudo: “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”. Creo que es necesario que, desde Andalucía, se actúe a favor de la España actual, de esa España nuestra que contribuimos a fundar. Andaluces: ¡Para España!