Tribuna

José Antonio López Jiménez

Inspector de Educación

Libertad y derecho a la educación

Recientemente el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva Ley de Educación, también conocida como ley Celaá, representando esta el noveno cambio educativo desde la transición. Entre el desdichado de virtudes de esta ley, cabe destacar la vuelta a antiguos postulados, reforzando el modelo igualitarista, permisivo, fuertemente sindicalizado y fragmentado, inhibidor del menor atisbo de excelencia o calidad en el sistema educativo.

No siendo suficiente con esto, con las modificaciones que aporta esta ley, el Gobierno aún va más allá, eliminando el castellano como lengua vehicular, considerando la repetición de curso una excepcionalidad, condicionando la educación especial, o suprimiendo el concepto “demanda social”, lo que viene a suponer un atentado contra la libertad de elección de los padres y, por tanto, contra el propio derecho a la educación.

Garantizar el derecho a buena educación supone proveer de los recursos necesarios para que éste pueda hacerse efectivo, posibilitando que los padres escojan entre las opciones que consideren más adecuadas para sus hijos. Este derecho nunca puede venir determinado por la hiperregulación del sistema, siendo el único administrador y proveedor de la educación el Estado, obligando a los padres a aceptar la educación pública como única posibilidad.

El derecho a la educación es tan fundamental como la alimentación, y eso no quiere decir que vayamos a nacionalizar a todos los supermercados, convirtiéndolos en franquicias estatales, o que los agricultores deban ser funcionarios.

Dentro de una sociedad libre, la pluralidad deber ser un elemento crucial, propiciando un marco de convivencia en donde cualquier sistema sea posible, facilitando el aprendizaje del alumnado. Dentro de este marco, la educación pública juega un papel esencial, garantizando el derecho a la educación allí donde no llegue la iniciativa privada, o permitiendo la existencia de diferentes alternativas educativas.

El Estado como proveedor del derecho a la educación no debe centralizar cualquier opción en un sistema público de carácter obligatorio, ni condicionar las iniciativas educativas privadas regulándolas hasta el limite, sino que ha de fomentar la coexistencia cooperativa y competitiva de las diferentes alternativas metodológicas y curriculares, permitiendo a los padres determinar, cuál es la mejor opción para la educación de sus hijos.

El anuncio realizado por el Gobierno andaluz señalando que limitará los aspectos más lesivos de la ley Celaá resulta bastante tranquilizador. Respetar las elecciones vitales de los padres en relación con la educación que prefieren para sus hijos ha de ser una prioridad para la administración, observando qué metodologías son más exitosas y eficaces, garantizando de esta manera el derecho a buena educación.

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