41 años del Estatuto de Autonomía

El 20 de octubre se cumplen 41 años de la aprobación en referéndum del primer Estatuto de Autonomía de la historia de Andalucía. Un acontecimiento de gran importancia histórica, que culminaba el esfuerzo de una voluntad política descentralizadora puesta de manifiesto en el último tercio del siglo XIX y primero del XX. Conviene recordar, a tal efecto, que al inicio de la II República el andalucismo político contaba ya con un considerable bagaje: el Proyecto de Constitución federalista de 1883, el Manifiesto del Centro Regionalista Andaluz de Sevilla de 1916, la Asamblea de Ronda de 1918 y la de Córdoba de 1919 y, más tarde, la creación de la Junta Liberalista de Andalucía, que vino a sustituir a los Centros Andaluces prohibidos por el Directorio Militar de la dictadura de Primo de Rivera. Todos estos eventos estaban orientados a un mismo fin: la consecución de un poder andaluz propio, regulado y ordenado en un Estatuto de Autonomía. Durante la II República se redactaron unas Bases que se elaboraron en 1932 y se debatieron en 1933. La sublevación de Franco, la subsiguiente Guerra Civil y el fusilamiento de Blas Infante impidieron la tramitación y aprobación del Estatuto.

Recuperada la democracia, una nueva generación política surgida en los entornos de la Transición, supo recoger el testigo de aquel sentimiento andalucista y conquistar lo que antes no fue posible: la aprobación de un Estatuto de autonomía plena, la equiparación en profundidad y alcance del autogobierno con las llamadas nacionalidades históricas, y unas instituciones propias plenamente democráticas. Todo ello, bajo el paraguas de una Constitución avanzada que acoge en su articulado un Estado territorialmente descentralizado, de funcionamiento prácticamente federal.

Pero, conviene dejar constancia de que el Estatuto de Autonomía no fue una concesión de los poderes centrales del Estado ni una norma que viniese impuesta desde la Constitución. La lucha de Andalucía por su autonomía constituye uno de los ejemplos paradigmáticos del poder de la voluntad de un pueblo, cuando su ciudadanía toma conciencia de la marginación y el atraso histórico que los poderes centrales del Estado han reservado para su tierra. Y ello explica, también, la tendencia pesimista que el andalucismo político y cultural tuvo de nuestra tierra y la orientación emancipadora de sus propuestas programáticas.

Aprobada la Constitución de 1978, Andalucía no podía dejar de nuevo pasar el tren de la historia. Si la Constitución permitía un reparto de poder político, Andalucía debía aspirar a conseguir los máximos niveles de autogobierno en términos de igualdad con las Nacionalidades históricas. Aunque el camino estuviese sembrado de minas, había que cumplimentar las altas exigencias del artículo 151 de la Constitución para conquistar una autonomía de primera. A ello se pusieron las fuerzas progresistas andaluzas, encabezadas por Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Junta, y sobre todo por Rafael Escuredo, el hombre que supo canalizar y liderar la conquista de la autonomía por el artículo 151, con el respaldo de las fuerzas políticas, sindicales y sociales progresistas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía, cuya efemérides celebramos, fue la expresión política de aquellos sueños y anhelos de igualdad y justicia en el marco del autogobierno. Para llegar a su aprobación hubo que superar una iniciativa autonómica muy exigente por parte de ayuntamientos y diputaciones y un referéndum contra la derecha política, los aparatos del Estado, los medios de comunicación públicos, una pregunta jeroglífico, una asfixia económica y un censo plagado de errores que favorecían el fracaso del referéndum. A todo ello se sobrepuso la voluntad del pueblo andaluz, que el 20 de octubre de 1981 salió a la calle para refrendar masivamente el texto estatutario, que consiguió a favor el 90% de los votos emitidos.