Atenas vio nacer una democracia primitiva en la que ciertos ciudadanos podían participar en el gobierno. Siglos después, el Liberalismo definió una autoridad política basada en el consenso del pueblo gobernado y en la exigencia de protección y fomento de las libertades individuales que el Estado no puede violentar jamás porque son preexistentes y emanan del derecho natural. La democracia liberal convirtió al súbdito en ciudadano, combatió la sociedad estamental, priorizó la libertad individual y consolidó la igualdad ante la ley.
Para Ortega, democracia y liberalismo responden a dos cuestiones distintas. La democracia define el medio legítimo de acceso al poder y el Liberalismo cómo limitarlo en defensa del individuo y de sus libertades, desarrollando una idea revolucionaria: no hay gobierno legítimo sin el consentimiento de los gobernados expresado en las urnas mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. Nadie, ni siquiera una mayoría social, puede imponer su voluntad sin respetar los derechos inalienables del resto de ciudadanos. Para garantizar esas libertades es fundamental impedir el poder absoluto y evitar que nadie se vea tentado a ejercerlo de ese modo. “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” como nos señala Lord Acton. Por ello, la separación de poderes debe ser el mecanismo que evite la tiranía. La Bill of Rights inglesa de 1689 reconocía la supremacía del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo prohibiéndole imponer tributo alguno sin el consentimiento expreso de los representantes del pueblo plasmado en la Ley presupuestaria. Consagró también un completo catálogo de derechos y libertades individuales junto a la obligación de convocar regularmente elecciones libres. Además, la sociedad debe dotarse de contrapoderes como asociaciones, partidos, sindicatos y una prensa libre no sujeta a la voluntad de los poderosos pues como señaló Thomas Jefferson es preferible tener prensa sin gobierno que gobierno sin prensa.
Sin embargo, todo ese patrimonio secular parece hoy eclipsado por el empeño meramente economicista de ciertos liberales que parecen haber olvidado que el Liberalismo no se limita a bajar impuestos y reducir el estado, sino que es un corpus ideológico completo que pretende responder a las necesidades de una sociedad exigente y compleja. La misma que quiere algo tan liberal como situar al individuo en su centro y exigir al estado que, sin convertirnos en abúlicos parásitos como pretende el colectivismo socialista, nos proteja de la cuna a la tumba. No por caridad, sino porque la riqueza nacional debe permitir que todo ciudadano, que por serlo es contribuyente, tenga la posibilidad de vivir dignamente y que la igualdad de oportunidades y la meritocracia sean reales y no una frase plasmada en un texto legal. La libre competencia, el mercado y la iniciativa privada, que son el motor del progreso humano, no están reñidos con el papel de un estado que limitado en su intervención al mínimo exigible para garantizar esa igualdad de oportunidades, actúe compensando las fallas del mercado cuando este no sea capaz de eliminar los cinco grandes males: miseria, necesidad, ignorancia, enfermedad y desempleo, que aquejan a la Humanidad desde siempre.
La educación universal y la sanidad pública no son ideas ajenas al Liberalismo que defendió la primera desde el XIX y consagró los principios rectores de la protección social –sanidad y pensiones– en los Informes Beveridge. Esos pilares, junto al mantenimiento eficiente de la seguridad interior y exterior representada por la Administración de Justicia, el Ejército y la Policía son ideas que cuentan con un amplísimo consenso social que debe tenerse en cuenta.
El desafío actual del Liberalismo está en recuperar su tradición y presentarse ante la sociedad como lo que siempre fue, el defensor de las Libertades individuales, del Estado de Derecho y de un conjunto de ideas que sitúa al ser humano como centro indiscutible de la acción política y de la sociedad y lo cree sujeto de derechos inalienables en su inherente dignidad.
